El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán ha mantenido recientemente una reunión con la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, para abordar la modificación del planeamiento urbano vinculada al plan parcial número 4 del municipio. Este proyecto, impulsado por la promotora Coliseum Real Estate, contempla la construcción de nuevas viviendas en las inmediaciones del dolmen de Montelirio, un enclave arqueológico de gran valor. La iniciativa ha generado un rechazo creciente por parte de colectivos conservacionistas y expertos nacionales e internacionales, que alertan sobre los riesgos para el patrimonio prehistórico.
Como resultado del encuentro, el consistorio ha anunciado que recordará a la empresa promotora su obligación legal de remitir a la Junta la propuesta concreta y solicitar un estudio previo de lo que se pretende ejecutar en la zona. Desde el año 2010, una declaración de Zona Arqueológica protege más de 779 hectáreas entre Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción, con monumentos como los tholos de La Pastora, Matarrubilla y Montelirio como piezas centrales del gran asentamiento calcolítico documentado en el área.
Mientras el Ayuntamiento mantiene que el terreno previsto para las nuevas viviendas no está incluido en el área protegida, arqueólogos y defensores del patrimonio sostienen que se trata de una parte inseparable del conjunto calcolítico Valencina-Guzmán. Advierten que las construcciones previstas atentarían contra la conservación integral del yacimiento, comprometiendo tanto restos ya identificados como otros que permanecen sin excavar.
Ante la presión social y científica, el Ayuntamiento ha declarado su intención de enviar un escrito a la Dirección General de Patrimonio de la Junta solicitando la ampliación del perímetro protegido. Esta medida busca asegurar una mayor protección del entorno del dolmen de Montelirio y evitar futuras actuaciones urbanísticas que puedan afectar a su integridad espacial, visual y arqueológica.
Por su parte, la promotora sostiene que el proyecto respeta la normativa vigente y delimita claramente la zona de protección, dejando fuera las parcelas edificables. Sin embargo, investigadores como el profesor Leonardo García Sanjuán han calificado el plan como un "crimen patrimonial", al considerar que encierra los restos funerarios de alto valor histórico en un "sarcófago de hormigón", eliminando la posibilidad de futuras investigaciones y dañando elementos aún sin descubrir.
