El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López
; el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández
; la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo
; el concejal de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento hispalense, Juan Bueno
, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano
, han firmado este martes
el protocolo del proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento del Cementerio Municipal de San Fernando, donde según
el historiador José Díaz Arriaza descansarían los restos de 7.440 personas, 2.616 de ellas posibles víctimas de la represión militar posterior al golpe de estado de 1936.
Según el protocolo,
cada una de las administraciones financiará un 25 por ciento del coste total de las actuaciones, que habrán de ser licitadas por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, que en el marco de su acuerdo presupuestario con Vox carece de partidas expresas para políticas de memoria histórica en sus actuales cuentas de 2025.
El protocolo no establece compromisos jurídicos y económicos concretos, pero sí fija que la ejecución y desarrollo de las actuaciones deberán instrumentarse a través de convenios específicos.
El secretario de Estado de Memoria Democrática ha destacado que
el proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento supone "un acto de pura humanidad, que dignifica a la propia democracia", reconociendo que este protocolo debería haber sido "firmado antes", si bien "nunca es tarde". Ha destacado además que Andalucía es la comunidad autónoma donde más fosas comunes hay pendientes de excavar, al mismo tiempo que ha reconocido el "firme compromiso" de la Junta y de otras administraciones provinciales y locales por acometer estas actuaciones.
Así, ha destacado su deseo de que "cuanto antes se ponga en marcha" este proyecto de exhumación, explicando que el Estado orquestará su aportación económica mediante un real decreto que articule el dinero a transferir al Ayuntamiento hispalense.
El presidente de la Diputación ha destacado que este
proyecto supone "un acto de justicia, de reencuentro, de reconocimiento y reparación", apostando por "empezar para que pronto haya equipos trabajando en el cementerio" municipal de San Fernando, porque el proyecto "va tarde", según ha admitido también, pues el acuerdo inicial se remonta a marzo de 2024.
"Nos hemos puesto de acuerdo"
Se ha felicitado, en cualquier caso, por la "buena imagen" que dan las cuatro administraciones. "Nos hemos puesto de acuerdo en dos cosas que eran fundamentales para evitar ningún tipo de vicisitud que la sociedad no hubiera entendido: en no discutir por porcentajes de participación y en que esto no se trata solo de exhumación de restos, sino de identificación y entrega a los familiares", ha dicho. Además, ha señalado que la Diputación ha resuelto destinar un millón de euros para subvencionar a los municipios sevillanos en actuaciones de memoria histórica.
La
consejera de Cultura ha indicado de su lado que los acuerdos recogidos en este protocolo tienen como objetivo "atenuar el dolor sufrido por generaciones de andaluces". "Exhumar e identificar víctimas no es materia de prioridades políticas, ni de ideologías; es un asunto de humanidad", ha recalcado.
El "imprescindible" cotejo genético
También ha resaltado el empeño de su departamento para que el documento recoja entre sus acuerdos, junto a las tareas de exhumación, "las labores de identificación genética, imprescindibles para dar consuelo a las víctimas". "Nuestras prioridades son localizar, exhumar, identificar y entregar los cuerpos a las familias porque se trata de una tarea a contrarreloj, dado que los restos están cada vez más deteriorados y el grado de parentesco, más lejano", ha resaltado.
La consejera ha defendido que desde 2019 se han exhumado en Andalucía un total de 4.910 víctimas y se han analizado muestras de ADN de 3.103 víctimas y de 3.223 familiares, una cifra "muy superior" a la analizada por el anterior ejecutivo andaluz que, entre 2015 y 2018, analizó las muestras de 216 víctimas y 423 familiares.
El concejal
Juan Bueno, finalmente, ha señalado que el Ayuntamiento no sólo "está comprometido legalmente con este protocolo, sino que también lo está moralmente, porque es una obligación moral hacer posible que todas las personas puedan encontrar a sus seres fallecidos y darles un entierro digno".
Bueno ha explicado también que, tras la firma de este protocolo, y una vez que se firme el convenio de colaboración, el Gobierno Municipal propondrá al pleno para su aprobación la modificación presupuestaria necesaria para emprender el proyecto.
La fosa Monumento
La fosa de Monumento es el siguiente objetivo en materia de memoria histórica tras la aún no lejana excavación de la fosa de Pico Reja, saldada con la recuperación de restos óseos de 1.786 personas asesinadas durante el golpe de estado de 1936 y la posterior represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano.
Según la Real Academia de la Historia, sólo en el periodo de mando del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, "las estimaciones más fiables cifran en alrededor de 40.000"las personas "ejecutadas en el territorio dominado" por el mismo tras el golpe de Estado de 1936, señalando que "sólo en la ciudad de Sevilla se han contabilizado 4.200 ejecuciones y otras 9.000 en la provincia".
La memoria de la intervención inicial de investigación arqueológica y delimitación de la fosa común de Monumento, por cierto, considera "muy probable" que sean superadas las expectativas del historiador José Díaz Arriaza, según el cual contaría con 7.440 cuerpos enterrados por distintas causas, siendo 2.616 víctimas de la represión.
Este informe explica que este enclave de enterramiento "fue proyectado en agosto de 1936, cuando la fosa de Pico Reja estaba próxima a llenarse"; siendo usada para el depósito de personas "asesinadas entre septiembre de 1936 y enero de 1940". Se trata, así, de "la segunda de las fosas clandestinas utilizadas por los golpistas para ocultar los restos de las víctimas, además de ser utilizada como fosa común para enterramientos de caridad o beneficencia".
El informe explica, en ese sentido, que "una vez finalizada la intervención arqueológica de búsqueda, indagación, localización y delimitación de la fosa" y una vez estudiados los restos recuperados, ha sido posible "corroborar tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia de una fosa común en el lugar indicado, con restos de personas represaliadas tras el golpe militar de 1936".
"Evidencias" de las ejecuciones sumarias
Y es que como se detalla en este documento, pesan "una serie de evidencias que así lo ratifican", pues las excavaciones iniciales acometidas en un sector de la fosa han revelado que la misma contiene "un depósito colectivo y no individual" de restos humanos, enterrados sin ataúd.
Los cadáveres localizados entonces, según se precisa en el informe, "no presentan ningún patrón que apunte a un enterramiento canónico o a rituales funerarios habituales presentes en el cementerio de San Fernando"; o sea que "la disposición de los cuerpos es ajena a los rituales funerarios habituales" al haber sido depositados los mismos sin "seguir procedimientos normalizados de inhumación".
"La forma en que nos encontramos dispuestos los restos, sin duda, hay que ponerla en relación con la falta de cuidado y esmero en colocarlos, así como la falta de intencionalidad de la posición final que adoptan. La única salvedad es la necesidad de adaptarlos a un espacio limitado tanto en superficie como en profundidad", resume la memoria técnica de esta intervención arqueológica.
Además, el documento señala que tres de los cuerpos recuperados, de adultos en todos los casos, presentan "muy probables evidencias de lesiones por impacto de proyectil". "Todas las lesiones documentadas se concentran en la parte posterior derecha de los cráneos, aspecto relevante a considerar en relación a la tónica general de este tipo de ejecuciones", asevera la memoria técnica de esta actuación preliminar en la fosa de Monumento.
