La comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento andaluz ha abordado este lunes, una vez más, la reactivación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel; avisando la coalición de izquierdas de Por Andalucía de las voces del mundo científico que alertan de la "contaminación" del río Guadalquivir por el nuevo vertido al mismo con motivo de este proyecto; mientras el consejero del ramo, Jorge Paradela, ha asegurado que habrá "miles" y miles de pruebas analíticas para vigilar la evolución de la calidad del agua y suspender el vertido en caso necesario.

En concreto, durante la sesión, la diputada autonómica de Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado la creciente "preocupación" por el vertido implícito en la reactivación de este recinto minero marcado por el desastre natural de 1998 por la fractura de su balsa de metales pesados, cuando estaba gestionada por la multinacional sueca Boliden.

Mientras la Junta de Andalucía ha concedido ya la autorización del nuevo proyecto de explotación de la corta minera, Esperanza Gómez ha rememorado las voces críticas de representantes de varios ayuntamientos de la ribera del Guadalquivir, asociaciones de agricultores, pescadores y mariscadores que alertan del "peligro" que los vertidos suponen para la salud humana y las actividades económicas del estuario.

La dimensión del "problema"

"No es un problema de cuatro ecologistas, sino de alcaldes, mariscadores o agricultores", ha dicho Esperanza Gómez, advirtiendo de que estos colectivos ven amenazados sus "métodos tradicionales de vida en los márgenes del río". También ha mencionado un estudio de la Universidad de Sevilla que recomienda no pescar albures por una posible contaminación por metales pesados, vinculada a otra mina en Gerena, Salteras y Guillena.

Ante ello, Jorge Paradela ha defendido el "proceso enormemente riguroso y exigente" seguido para conceder la autorización del yacimiento Los Frailes, subrayando que la autorización ambiental unificada supuso más de seis años de tramitación y que el permiso de aguas requirió dos años y medio.

Nuevo proyecto

El consejero ha insistido en que se trata de un proyecto totalmente nuevo, con una mina subterránea en lugar de cielo abierto, sin balsas de residuos. Los desechos del tratamiento mineral se utilizarán parcialmente como relleno en la mina y el resto se depositará en antiguas cortas mineras para su restauración.

Especialmente, ha destacado que sólo en la fase previa a la nueva explotación se realizarán 4.465 analíticas de agua, con más de 1.000 pruebas anuales durante la operación, además de miles de controles en el río Guadalquivir para supervisar la calidad del agua e interrumpir los vertidos si fuera necesario.