La financiación de la Ley de Dependencia ha vuelto a enfrentar al Gobierno andaluz y al Ejecutivo central. La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, ha asegurado que el Estado debe a Andalucía más de 5.000 millones de euros por no cumplir con la cofinanciación del sistema, tal como establece la normativa. Según los datos aportados por la Junta, desde 2019 Andalucía ha invertido 8.742 millones de euros en políticas de dependencia, frente a los 3.705 millones aportados por el Gobierno de España.
“Está claro que hay dependientes de primera y de segunda”, ha criticado Cava, señalando que el Ejecutivo central sí se ha comprometido “por escrito” a financiar el 50% del sistema en el País Vasco, mientras que Andalucía, ha dicho, “aguanta a pulmón” gran parte del coste. La delegada ha defendido los esfuerzos del Gobierno andaluz por reformar el modelo de atención, reduciendo el tiempo medio de resolución de expedientes de tres años y medio a 574 días. “El sistema era un caos con el Gobierno socialista”, ha añadido.
TOSCANO REIVINDICA LA INVERSIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
Las declaraciones se producen tras la valoración del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, sobre la reciente aprobación en el Consejo de Ministros de una partida de 147,8 millones de euros destinados a la dependencia en Andalucía. Toscano se ha mostrado convencido de que esta inversión contribuirá a reducir la lista de espera en la comunidad, que solo en la provincia de Sevilla supera las 11.000 personas, “la mayoría en una situación que no puede esperar”.
Toscano ha defendido que estos fondos reflejan el compromiso del Gobierno de España con los derechos sociales y el fortalecimiento del Estado del Bienestar. Ha pedido a la Junta que gestione los recursos “con responsabilidad” y que reconozca el respaldo económico que se le está brindando para “agilizar los trámites administrativos y mejorar la atención a los dependientes”.
El subdelegado ha destacado que casi 60.000 personas están siendo atendidas actualmente por el sistema de dependencia en la provincia sevillana, y ha subrayado que los fondos aprobados permiten avanzar hacia un nuevo modelo de atención centrado en la persona.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y REFUERZO DE PLANTILLAS
Además, Toscano ha aprovechado para anunciar la aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2026, que contempla más de 36.500 plazas, incluyendo cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas y Administración General del Estado. En este sentido, ha puesto en valor el incremento de plantillas en Sevilla, donde el número de policías nacionales ha crecido un 10% desde 2018 y el de guardias civiles un 8,2%, lo que ha contribuido, según sus datos, a una reducción de la criminalidad del 7,9% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.
“Estas cifras mejoran la seguridad ciudadana y también refuerzan los derechos de quienes trabajan al servicio de los demás”, ha concluido el subdelegado, que ha reivindicado el “papel esencial” del empleo público en la consolidación de los servicios sociales y la atención a la ciudadanía.
