El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha aprobado en su sesión ordinaria de este jueves el uso alternativo de residencial de vivienda protegida de alquiler con relación a suelos de cinco parcelas privadas calificados para uso pormenorizado de servicios terciarios en las zonas de la Cruz del Campo, una parcela, y Palmas Altas Sur (dos) y en la calle Hélice (2), acogiéndose al Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía de medidas urgentes en materia de vivienda.
El acuerdo, aprobado con el apoyo del Gobierno local del PP y de Vox, socio presupuestario de los populares; y la abstención del PSOE y de Podemos-IU, autoriza además con relación a estas parcelas un incremento de la densidad de vivienda libre en un 20 por ciento "siempre que el edificio resultante se destine en su totalidad a viviendas sujetas a algún régimen de protección" y un aumento de la densidad de vivienda en un 20 por ciento y la edificabilidad en un 10 por ciento para las parcelas calificadas con el uso residencial de vivienda protegida.
Ello, en un marco en el que el Ayuntamiento, en aplicación de este decreto autonómico sobre las parcelas y edificios calificados con uso pormenorizado de servicios terciarios dentro del uso global residencial, admitirá la presentación de propuestas de adhesión hasta el 19 de enero de 2026, para operaciones similares a la ahora aprobada para estos cinco casos.
Durante el debate plenario, la edil del PSOE Carmen Fuentes ha manifestado que su grupo apoya "ampliar el parque de viviendas protegidas", pero a la vez ha avisado que los socialistas no comparten "el enfoque del decreto" autonómico del que parte esta operación ni "el modo de aplicarlo" por parte del Gobierno local del PP, porque deja las propuestas a la "iniciativa privada, confunde agilizar los trámites con no regular y acelera la construcción (de viviendas) pero a costa del control público", con lo que a su entender supone "una improvisación urbanística".
El edil popular de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha negado por su parte cualquier "improvisación" o "inseguridad jurídica", defendiendo la "herramienta" que ofrece el citado decreto autonómico para la promoción de viviendas protegidas y que todo parte de un "análisis de suelos vacantes" y una "consulta pública".
