Manuel Ruiz Lucas, exalcalde de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) condenado a cuatro años y tres meses de inhabilitación por consentir 900 chalés en terreno rústico, ha recurrido la sentencia porque muchos ya estaban construidos cuando él fue elegido en abril de 1979.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, el abogado de Ruiz Lucas afirma que en 1979, según varios testigos que comparecieron al juicio, "la urbanización Las Minas ya estaba parcelada, con calles definidas y compactadas, las parcelas delimitadas e incluso se había metido un tendido eléctrico subterráneo" que abastecía a los 300 chalés levantados hasta entonces.
Además, argumenta que en Las Minas coexiste un entramado de suelo urbano y rústico, por lo que es "obligatorio" que determinados servicios de luz y agua para las viviendas legales atraviesen suelo no urbanizable.
Ruiz Lucas, de Nueva Izquierda, ha sido uno de los alcaldes andaluces que más tiempo permaneció en el cargo, pues lo hizo desde las primeras elecciones democráticas de 1979 hasta 2007, y en mayo pasado fue condenado por consentir las viviendas ilegales que han degradado esa zona de la Sierra Norte sevillana hasta hacerle perder toda su "naturaleza forestal".
Ruiz Lucas, según la sentencia, era consciente de la ilegalidad de la situación pero le dio una "apariencia de legalidad" mediante la colocación de carteles y decretos de paralización, aunque durante sus 27 años de mandato "no tomó ninguna medida efectiva", y con ello causó "graves consecuencias medioambientales, económicas, penales y psicológicas a los habitantes de la zona".
Ahora, su defensa ha recurrido ante la Audiencia porque Ruiz Lucas no solo denegó 50 licencias hasta 2005, sino que se puso en contacto con la Diputación provincial para elaborar unas normas subsidiarias de urbanismo, pidió auxilio a la Policía Autonómica, que le contestó que "no podía hacer nada porque no tenía personal" y denunció los hechos ante la Fiscalía.
El alcalde "no mantuvo una actitud permisiva, sino todo lo contrario", pues todas las causas judiciales contra los promotores se iniciaron por denuncia de la Policía Local y a él "no se le puede exigir que esté pendiente de la tramitación de todos los procedimientos administrativos que se tramiten en la corporación".
Dos único testigos relataron que el alcalde se reunió con los parcelistas en el teatro municipal y les dijo que "podían construir, pero que no quería chabolas", pero según el recurso su testimonio carece de valor porque son parientes entre sí y fueron condenados en el mismo procedimiento por la vivienda que levantaron en Las Minas.
En cuanto a una reunión mantenida con la compañía eléctrica Sevillana Endesa en 1999 junto con los parcelistas, la defensa aduce que "no supone una permisión de construcciones ilegales" dado que por entonces existían 270 viviendas en suelo urbano que tenían derecho "al suministro eléctrico adecuado".
La defensa aduce otras causas de nulidad como el hecho de que en la primera declaración de Ruiz Lucas en la Fiscalía no se le advirtió de que podía estar asistido de letrado y que el fiscal pidió que fuese condenado a inhabilitación para la Administración local y la sentencia lo condenó a inhabilitación para empleo público, con lo que fue "más allá de lo pedido".
