Este martes finaliza el plazo con el que cuentan los adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), para formalizar los préstamos a los que están sujetos las ayudas estatales autorizadas para la adquisición de estos pisos. Dado que las obras de las viviendas siguen paralizadas pese a que los inmuebles deberían haber sido entregados en 2010, los adjudicatarios avisan de un "éxodo masivo" de compradores en la promoción.
Y es que muchos de los adjudicatarios podrían optar por renunciar a los pisos al no estar dispuestos a formalizar los préstamos sin que los trabajos de construcción hayan sido reanudados, toda vez que la entrega de las ayudas a la adquisición de viviendas reconocidas por el Ministerio de Fomento depende precisamente de la formalización de los préstamos en cuestión antes de que concluya el martes de la semana en curso. En ese sentido, cabe recordar que aproximadamente cien de los adjudicatarios han emprendido ya las acciones necesarias para renunciar a las viviendas protegidas y reclamar las cantidades anticipadas.
Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios había entregado unos 17.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, en 2009 las obras fueron paralizadas a cuenta de las dificultades financieras de la sociedad 'Dolmen Consulting Inmobiliario', encargada de la gestión de la promoción de viviendas. Desde 2009 hasta ahora, las obras han bailado entre la paralización y escasos periodos de obras y, mientras la gestión de la promoción fue finalmente encomendada a la empresa Nazarí, más de 450 de las viviendas siguen aún sin ser entregadas.
En este contexto, más de cien de los adjudicatarios han emprendido los trámites necesarios para renunciar a tales viviendas y reclamar la devolución de las partidas económicas entregadas por anticipado, extremo que no cumplen ni la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' ni 'Millennium Insurance', la compañía aseguradora de las partidas entregadas a cuenta por los adjudicatarios. El colectivo, en ese sentido, advierte de que la suma de los anticipos entregados roza los 9,5 millones de euros.
EL 'BANCO MALO'
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no.
Recientemente, los afectados habían remitido una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, exponiendo que el pasado 9 de septiembre fueron "ratificadas" las ayudas estatales directas asignadas para la adquisición de estas viviendas, pero este mismo martes 19 de noviembre finaliza el plazo habilitado para la formalización de los préstamos necesarios para la obtención de dichas ayudas. "Las obras ni siquiera han sido reanudadas y sigue sin haber fecha de finalización", exponían los adjudicatarios reclamando "las medidas oportunas para que los 583 vecinos de nuestra promoción puedan seguir optando a las ayudas".
Pero en su carta de respuesta, recogida por Europa Press, el Ministerio de Fomento esgrime el real decreto Ley que otorga a la Sareb la condición de "entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de los planes estatales de vivienda, para que los préstamos convenidos con dicha entidad puedan mantener las ayudas estatales vinculadas", señalando asimismo "el plazo que se reguló" en el mencionado decreto Ley. Dada la ausencia de menciones a soluciones concretas, el colectivo avisa, a través de un comunicado, de un "éxodo masivo" de adjudicatarios al no estar dispuestos los mismos a formalizar los préstamos con las obras aún paralizadas y derivar tal extremo en la pérdida de las ayudas estatales.
