La delegada de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha afirmado que el desalojo de la Corrala Utopía, que se ha producido durante la mañana de este domingo, pone de relieve el "engaño premeditado" del Gobierno de España a las familias afectadas, así como a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Sevilla, "a los que había garantizado que el desalojo no se produciría mientras las administraciones buscaban una solución".
"En cuanto la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha visto que podía concretarse la solución, la ha boicoteado", ha señalado Santos en declaraciones a Europa Pres, a la par que ha afirmado que es "impropio de un Estado social y democrático de derecho usar la fuerza cuando hay sobre la mesa soluciones consensuadas basadas en el diálogo".
Santos ha censurado el "injustificable" desalojo policial de la Corrala Utopía, que se produce "mientras el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento trabajan conjuntamente para buscar una solución, en unas negociaciones abiertas en cumplimiento de un mandato judicial que insta a las administraciones a asumir sus responsabilidades".
Así, la delegada de la Junta, que ha afirmado que la Junta de Andalucía "continúa comprometida con el cumplimiento de ese mandato judicial", ha expresado el "más enérgico rechazo" al "repentino, desleal e inesperado desalojo", porque "carece del menor sentido que un poder democrático, el Gobierno de España, interrumpa de forma drástica y sin aviso previo las negociaciones de otros dos poderes democráticos, el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno autonómico, para buscar soluciones a más de 20 familias cuyos derechos están en grave riesgo de verse vulnerados".
"Existía un compromiso de la Delegación del Gobierno en Andalucía de esperar a que la mesa de negociación entre la Junta y el Ayuntamiento diera sus frutos, un compromiso del que incluso el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se hizo públicamente eco", ha señalado Santos, que ha afirmado que desde esta misma mañana los representantes de la Consejería están en contacto con todas las partes implicadas para "dar respuesta" a esta "interferencia injustificable" en el proceso de negociación.
Ha recordad que la Consejería carece de viviendas protegidas desocupadas en Sevilla para atender a estas familias a corto plazo, al haberlas pasado al alquiler social y haberlas asignado de urgencia a familias demandantes, por lo que para la solución de emergencia "era necesario el Ayuntamiento, tal y como se le planteó a los representantes municipales".
La delegada ha señalado que las negociaciones con el Ayuntamiento en este sentido estaban resultando "complejas", "pese a las más de 500 viviendas desocupadas que posee el Consistorio y a que la normativa prevé perfectamente la cobertura de la necesidad de vivienda de familias en riesgo de exclusión social".
Ante esta situación de "lentitud de los avances" en los contactos con el Ayuntamiento, el Gobierno andaluz mantenía abierta una vía de diálogo y negociación "fluida y constructiva" con Ibercaja, con el conocimiento del Ayuntamiento y del Defensor del Pueblo, para alcanzar una solución de urgencia hasta tanto la Junta concluya los alojamientos necesarios "para dar una solución definitiva".
