La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha destacado que el realojo de las familias que ocupaban sin título alguno los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', edificio denominado 'Corrala Utopía' se ha culminado "con justicia y legalidad", cumpliendo la Ley de Derecho a la Vivienda de 2010, de manera que "es un realojo justo y legal que se adecua a la legalidad y a las necesidades sociales".

   Cortés ha asegurado a los periodistas que no tiene "ninguna sensación de haber ganado ningún pulso" en el seno del Gobierno andaluz y ha reiterado que se trata de "un proceso justo y legal en atención a unas familias proceso de desalojo".

   Asimismo, ha criticado la actitud del PP y la Delegación del Gobierno en Andalucía, ya que "a pesar de que había un principio de acuerdo con al propiedad del inmueble, ordenaron un desalojo y no acierto a entender por qué lo hizo".

   La consejera ha explicado que la Junta "ha reanudado el realojo provisional y transitorio de las familias en riesgo de exclusión de la Corrala Utopía", después de que el pasado lunes tuvieron conocimiento de los 15 informes sociales  que el Ayuntamiento de Sevilla ha remitido a la Consejería, donde "todas las familias evaluadas presentan riesgo de exclusión social o directamente exclusión social".

   Por ello, tras recordar que los informes "tienen tres categorías; una adecuada, otra de vulnerabilidad o riesgo y la tercera situación de exclusión social", la consejera ha explicado que de las 15 familias evaluadas por los informes sociales del Ayuntamiento, ocho presentan vulnerabilidad o riesgo y siete están en riesgo de exclusión social.

   Asimismo, hay otras dos familias que todavía el Ayuntamiento no nos han remitido los informes, toda vez que "una familia no esta empadronada en Sevilla y la hemos derivado al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, al ser una familia en proceso de ejecución hipotecaria con una menor a su cargo; y la otra familia, con un menor a su cargo y actualmente realojada, el Ayuntamiento nos tiene que remitir el informe social y seguirá realojada hasta que el informe social no sea actualizado".

   De esta forma, considera que "estas familias cumplen las condiciones para reanudar el realojo", algo que prevén llevar a cabo "en los próximos días con carácter de urgencia".

   "Los informes aportan rigurosidad al proceso de realojo de la familias de la Corrala, y ese realojo continuará conforme a la Ley de 2010 de Derecho a la Vivienda, que da cobertura a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social", agrega la consejera.

   Esta insiste en que el realojo que se va a culminar ahora "cumple con la Ley de Derecho a la Vivienda de 2010, con lo mandatado en el auto judicial de 25 de marzo y también cumple el acuerdo del Gobierno de la Junta del 12 de abril, que vinculaba cualquier realojo a la presencia de esos informes sociales y a la situación de vulnerabilidad o de exclusión social".
BAREMOS

   La consejera ha recordado que "el proceso de adjudicación de vivienda está recogido en la Ley y el realojo temporal está también recogido en la Ley, pero son cosas diametralmente distintas".

   Asimismo, ha dejado claro que el Ayuntamiento de Sevilla "tiene un baremo para la adjudicación de viviendas sociales, no para procesos de realojo, porque ese baremo aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla excluye taxativa y explícitamente a aquellas personas que puedan tener acceso a una vivienda de manera provisional por un proceso de realojo".

   Por tanto, precisa que "las familias que vienen de un proceso de realojo no le es de aplicación el baremo del Ayuntamiento".

   Ha agregado que la Junta "plantea que no es posible que haya viviendas deshabitadas, mientras que haya gente que pide acceder a ese derecho a la vivienda".

   Por ello, ha instado al Ayuntamiento a "un acuerdo o alianza institucional para que las mas de 500 viviendas deshabitadas en la ciudad las pasen al alquiler y se pueda adjudicar esas viviendas a mas de 300 familias que entran en el baremo de adjudicación de una vivienda social y las familias que están en el registro municipal de demandantes de vivienda".