La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense, la empresa estatal Mercasa y la Asociación de Mayoristas de Fruta, Verduras y Hortalizas, ha convocado para las 10,00 horas del 18 de noviembre una sesión de su consejo de administración, con un orden del día en el que figura una evaluación de la "situación económica y patrimonial" de la empresa, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Recordemos que la Presidencia de la sociedad recae en Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla y primera teniente de alcalde, toda vez que la empresa carece de director general después de que Manuel Blanco cesase en el cargo al expirar el 13 de junio el anterior mandato municipal y arrancar el nuevo periodo.
Mercasevilla, en este contexto, ampliaba recientemente los poderes de su director económico y financiero, José Ramón Navarro Paniagua, al objeto de hacer frente a la ausencia de un director general nombrado a tal efecto, según informaban a Europa Press fuentes de la empresa.
El nuevo consejo de administración de Mercasevilla, cabe recordarlo, está formado por 15 miembros, siete a propuesta de la sociedad estatal Mercasa, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y ocho procedentes del Consistorio hispalense, que aporta cuatro técnicos y cuatro representantes políticos. De estos últimos, tres pertenecen al PSOE y uno al PP. El resto de los grupos políticos con concejales en el Ayuntamiento de Sevilla (Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida) pueden asistir a las reuniones con voz, pero sin voto, por lo que se prepara una modificación de los estatutos que resuelva esta situación.
MERCASEVILLA
Hablamos de una empresa prácticamente pública cargada de significado, a cuenta de las numerosas irregularidades descubiertas en sus expedientes de regulación de empleo (ERE) de 2003 y 2007, así como en su gestión en general, extremo que marcó determinantemente el convulso último mandato del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.
La investigación de la gestión de Mercasevilla a manos de la juez Mercedes Alaya, de hecho, dio pie a la famosa macrocausa relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos de Andalucía, con la que habrían sido alimentados incentivos para reestructuraciones laborales injustificadas o carentes de trámite administrativo alguno, así como ayudas directas y arbitrarias a empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE andaluz.
EL ERE DE 2013
En 2013, ya bajo el mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, el Ayuntamiento promovió un nuevo ERE saldado con el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral.
La empresa, además, decidía recientemente recurrir ante el Tribunal Supremo la nueva sentencia que condena al mercado central a indemnizar con 8,9 millones euros más los intereses de demora, a la sociedad Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo Sando.
