La representación legal de las dos profesoras y la becaria de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla (US) que sufrieron abusos sexuales y lesiones por parte del catedrático Santiago Romero, condenado ya por estos hechos a siete años de prisión y al pago de 110.000 euros en indemnizaciones, se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) responda a un requerimiento realizado por el Juzgado de lo Penal número 2 para poder proceder a la aclaración de penas accesorias.
Concretamente, según han explicado a Europa Press fuentes del caso, ambas acusaciones han solicitado, además de la pena de cárcel e indemnización, incomunicación por cualquier medio y orden de alejamiento del encartado respecto a las víctimas y los lugares que éstas frecuenten, en el caso de una de ellas, y, como medida adicional en el caso de la otra representación, la prohibición temporal de residir en Sevilla.
Dado que el juez no se pronunció sobre la procedencia o no de las penas, reclamadas en el transcurso del procedimiento por estas partes, y que desde principios de enero el juzgado lo ocupa el magistrado Álvaro Martín, que hasta ahora ha ejercido labores de auxilio en causas como la de los ERE, éste ha remitido escrito al TSJA como paso previo a pronunciarse sobre dichas medidas.
El plazo para presentar recursos --las partes han confirmado que darán este paso-- se encuentra a día de hoy en suspenso como consecuencia de la petición al juzgado por parte de la defensa de Romero de los CD con las grabaciones del juicio, requerimiento al que se han adherido posteriormente las representaciones legales de las tres víctimas.
La representación jurídica de dos de las tres víctimas ha expuesto que las mismas barajan un recurso en el que se respete casi todo el fallo, dándose por satisfechas con la condena penal, si bien consideran que las indemnizaciones podrían ser insuficientes por los efectos de los hechos sobre las mujeres.
El montante asciende a un total de 110.000 euros a las tres víctimas --30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas--, declarándose responsable civil subsidiaria a la Hispalense.
La US ha decidido suspender de toda actividad académica al catedrático con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación, cuyo decano, Juan de Pablos, presentó su dimisión por todo lo sucedido.
Tras recibir la sentencia se decidió reabrir el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, paralizado como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal; fue la propia institución universitaria la que inició dicho procedimiento.
La apertura del procedimiento sancionador se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor, al tiempo que se le prohíbe acceder al centro.
