Participa Sevilla ha denunciado ante la Fiscalía de Sevilla las posibles irregularidades cometidad en el parking de Las Cigarreras, ya que considera que funcionarios y autoridades de la Gerencia de Urbanismo y de la Autoridad Portuaria podrían haber cometido delitos de prevaricación, mientras que a la empresa Parking Sevilla Puerto SLU se le denuncia por delitos contra la ordenación del territorio y un posible delito de falsedad documental.
Los ediles de Participa Sevilla Susana Serrano y Julián Moreno han explicado en rueda de prensa la denuncia ante la Fiscalía que la formación emergente ha presentado esta misma mañana. “Lo denunciamos administrativamente, y no ha servido de nada. Lo denunciamos en el pleno de marzo del Ayuntamiento, y PP, PSOE y Ciudadanos se aliaron para que no se pudiera debatir esta irregular situación. Ahora la única vía que nos quedaba era la judicial, y es la hemos iniciado hoy”, ha reconocido Moreno.
“Los casos de corrupción urbanística no son cosas del pasado. En la Gerencia de Urbanismo, llevamos meses comprobando que no siempre las cosas se realizan de acuerdo a la ley. De nuevo, estamos ante una posible trama que incluiría tratos de favor desde instancias públicas a intereses privados”, ha manifestado el edil de Participa Sevilla.
Según se puede leer en el documento presentado ante la Fiscalía, existen fuertes indicios de al menos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental y prevaricación urbanística y administrativa.
Así, por parte de la empresa Parking Sevilla Puerto SLU y de los técnicos encargados de los proyectos, se podría haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, concretamente la ocupación y urbanización de suelos no urbanizables de especial protección del dominio público hidráulico, considerado por la legislación como una infracción urbanística muy grave penada con entre 1 y 3 años de cárcel e inhabilitación especial para los técnicos por tiempo de uno a cuatro años (artículo 319 del código penal).
Además, existen indicios de un posible delito de falsedad documental por haber falseado en los planos los límites de la licencia autorizada (artículo 392.1 del artículo penal).
Por parte de funcionarios y autoridades urbanísticas y de la Autoridad Portuaria, se les denuncia por un presunto delito de prevaricación urbanística y administrativa, por haber dictado resoluciones favorables a sabiendas de su injusticia, castigado con penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años la primera, y de inhabilitación especial de nueve a quince años la segunda, así como de inhabilitación especial de seis meses a dos años por no haber puesto en conocimiento de la fiscalía los hechos denunciados (artículos 320, 404 y 408 del código penal).
La denuncia presentada por Participa Sevilla realiza una pormenorizada y detallada sucesión cronológica de todos los hechos ocurridos desde el 13 de febrero de 2014, cuando se constituyó la sociedad mercantil Parking Sevilla Puerto SLU. Solo unos meses después, la Autoridad Portuaria, con Carmen Castreño como presidenta, le concedía una autorización para convertir estos terrenos en un aparcamiento en superficie y lavadero de vehículos. Esta autorización era válida por tres años de manera improrrogable, finalizando el pasado 31 de marzo de 2017.
Según Participa Sevilla, la empresa ha estado funcionando durante años sin licencia urbanística ni de actividad, ocupando una superficie mayor que la concedida, con instalaciones de luz y agua no autorizadas, e invadiendo suelos de especial protección del dominio público hidráulico con un uso de camping que no estaba permitido. “De esta forma, la empresa se estaría beneficiando de este bien de dominio público por más de tres años, alcanzando una facturación total de al menos unos 2,5 millones de euros sin seguir los tramites a los que obliga la ley y cometiendo irregularidades desde el mismo momento de la apertura del aparcamiento”, ha denunciado Moreno, que ha relatado cómo esta empresa habría incurrido en diferentes delitos durante estos años y ni la Gerencia de Urbanismo ni la Autoridad Portuaria habrían tomado las medidas necesarias para evitarlo.
“Ahora no tendrá que ser ante nosotros o ante Ecologistas en Acción, que también ha denunciado alguna de estas situaciones, ante quienes Urbanismo o la Autoridad Portuaria de explicaciones, sino que si la Fiscalía admite a trámite esta denuncia, tendrán que responder a sus investigaciones”, continuaba Moreno, que ha reconocido que debido a la gravedad de los hechos, Participa Sevilla ha realizado lo que el Gobierno Municipal tenía obligación de hacer: poner en conocimiento de la fiscalía los hechos delictivos.
Por último, Susana Serrano ha recordado que entre los objetivos de Participa Sevilla se encuentra la investigación de todos los posibles delitos de corrupción urbanística que existan. “Desde que llegamos a la instituciones no hemos dejado de abrir todos los cajones posibles y de exigir total transparencia y paredes de cristal”, según Serrano, que ha recordado cómo en estos meses la Gerencia de Urbanismo ha mirado para otro lado ante la falta de licencias que tenía el Club Pineda o cómo, recientemente, daba una pátina de legitimidad a la supuesta acción delictiva que se estaba realizando en la Hacienda del Rosario. En este último caso, la Fiscalía ha pedido dos años de prisión para el promotor y constructor Gabriel Rojas Fernández y tres urbanistas ligados a este proyecto inmobiliario.
