La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes iniciar un procedimiento administrativo destinado a extinguir el contrato de arrendamiento gracias al cual la sociedad TCM Audiovisión goza desde 2002 de la gestión y explotación del auditorio Rocío Jurado, construido en la Cartuja con motivo de la exposición universal de 1992 y de titularidad municipal desde 2006.

El acuerdo aprobado, recogido por Europa Press, detalla que el recinto, legado de la exposición universal de 1992 y diseñado por el arquitecto Eleuterio Población Knappe, estaba en manos de la Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa), que en 2002 suscribió un contrato de arrendamiento respecto al mismo con la sociedad TCM Audiovisión, gracias la cual dicha entidad privada se hacía cargo durante 30 años de la gestión y explotación del auditorio.

En ese sentido, cuando en 2006 Agesa cedió la titularidad del auditorio al Ayuntamiento de Sevilla, este último quedaba "subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador", con lo que TCM Audiovisión mantuvo la gestión del recinto, nominado entonces en favor de la cantante Rocío Jurado con motivo de la muerte de la misma y su relación con dicha construcción, pues fue la artista encargada de estrenarlo y celebró muchas actuaciones en él.

No obstante, y conforme al citado contrato de arrendamiento del auditorio, el mencionado acuerdo de la junta local de gobierno expone que entre 2007 y 2019, TCM Audiovisión ha acumulado deudas con el Ayuntamiento por importe de más de 2,53 millones de euros, por el "impago de las rentas" incluidas en dicho contrato de alquiler, extremo por el cual se decide iniciar la extinción del mismo.

Plazo para alegar

Frente a este acuerdo de la junta local de gobierno, empero, la empresa afectada cuenta con 15 días para formular alegaciones si así lo estima oportuno, toda vez que el Ayuntamiento esgrime que esta decisión se enmarca en "la regularización de la situación del auditorio, en el marco de un proceso de ordenación de los equipamientos e inmuebles municipales".

En ese sentido, el Ayuntamiento recuerda que media un plazo para que la empresa arrendataria "presente alegaciones justificando la situación de cada uno de los ejercicios" respecto a los cuales los informes técnicos municipales señalan impagos respecto a la renta de alquiler y "conteste al requerimiento del Ayuntamiento". "En caso de que no haya una resolución de esta situación tras este periodo de alegaciones, se extinguirá el alquiler y volverá a licitarse este espacio", indica el Consistorio.

Con relación al procedimiento de "regularización de equipamientos municipales" señalado por el Gobierno local, el acuerdo aprobado refleja que el edificio deja de estar adscrito al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y queda a disposición "de la Dirección General de Patrimonio" del Consistorio hispalense.

Respuesta de la empresa

La empresa ha defendido que "en muchas ocasiones" ha requerido al Consistorio para "regularizar la situación" y ha mostrado su "seguridad de seguir adelante con la explotación" del complejo.

En un comunicado, dicha empresa no comparte que medie "una deuda por un importe tan elevado", argumentando que "en muchas ocasiones" ha requerido al Ayuntamiento para "regularizar la situación del auditorio y las deudas del Ayuntamiento" con TCM, la última vez el pasado 12 de diciembre, "sin que se haya recibido respuesta alguna".

La empresa, así, defiende su empeño por "regularizar" la situación del recinto, para promover "un proyecto de mejora y ampliación" destinado a transformar el auditorio, levantado en 1991, en "una instalación de primer nivel, mediante una inversión de 40 millones de euros para la ampliación del aforo, una cubierta, la regeneración del margen del río y la construcción de un hotel".

Así, TCM esgrime que planea transformar el auditorio en "una instalación de 16.000 espectadores que pueda competir con Madrid y Barcelona, siendo una referencia inigualable en el Sur de Europa, para traer espectáculos de primer nivel".

"Ya se han solicitado las reuniones con los técnicos municipales, con los que ya se vienen trabajando en aras de solucionar y regularizar la situación anterior y dar viabilidad al proyecto de futuro", defiende la empresa, que dice contar con "la seguridad de seguir adelante con la explotación del recinto y poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos" y al proyecto de mejora.