La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha comunicado este lunes que está perfilando con el Ayuntamiento de Sevilla el convenio de colaboración para "reforzar la labor inspectora" de la Policía Local sobre los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify y el sector del taxi, tratándose de dos actividades en liza, acusando los taxistas a los VTC de supuestas invasiones en su ámbito y denunciando los otros coacciones y amenazas por parte de taxistas.
El convenio, que según la junta de gobierno debe ser aprobado en la junta de gobierno municipal para su firma y entrada en vigor, incluye una formación específica a los agentes sobre el régimen jurídico y sancionador, así como un "compromiso expreso de contar con un número de agentes suficientes para su vigilancia y control", en un contexto en el que diversas voces señalan el insuficiente número de agentes en el Cuerpo de Policía Local de Sevilla y el Ayuntamiento tiene en marcha procesos selectivos para cubrir vacantes.
El convenio, según la Junta, surge en cumplimiento de una de las medidas consensuadas con el sector del taxi, donde se proponía la firma de convenios de colaboración de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos para la formación en labores de inspección y control de las licencias VTC. Antes de la pandemia, recordémoslo, ambas partes negociaban ya la reforma de la ordenación y modernización del sector del transporte discrecional en vehículos turismo, que abarca tanto a los taxis como a los vehículos de transporte concertado.
En este sentido, el director general de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz-Atanet, y el concejal del Área de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, han mantenido una reunión para perfilar el convenio junto al jefe de la Policía Local de Sevilla, José Medina Arteaga; el coordinador general de Gobernación del Ayuntamiento, Diego Ramos, y la jefa de servicio de Inspección y Sanciones de la Junta de Andalucía, Pilar Baena.
El acuerdo de colaboración, con una vigencia de cuatro años, establece las acciones conjuntas necesarias para la inspección y control de la prestación de servicios de transporte público en vehículos turismos sujetos a autorizaciones VTC que se desarrollen en la capital hispalense.
Mediante el convenio, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio formará a la Policía Local en el régimen jurídico de los VTC a través de jornadas de trabajo, como la que se desarrolló la pasada semana en la Jefatura de la Policía Local de Sevilla.
Además, proporcionará a los agentes el acceso al registro de empresas y actividades del transporte, así como al registro general de servicios de las licencias VTC. Igualmente, se encargará de la tramitación de las sanciones derivadas de las denuncias de la Policía Local y promoverá la implantación de sistemas informáticos que permitan la transmisión de sus boletines de denuncia desde el lugar donde se ha cometido la infracción. En esa línea, se facilitarán dispositivos informáticos, como tablets o app, para el acceso al registro y para el control y supervisión de la inspección.
Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a destinar un número suficiente de agentes debidamente formados para la vigilancia y control de este servicio. Además, la Policía Local de Sevilla servirá de apoyo en el cumplimiento de las actuaciones y campañas de inspección programadas. Además, el Ayuntamiento de Sevilla se integrará por primera vez en el diseño del Plan de Control e Inspección del Transporte (PCI), un órgano en el que ya participan la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno y la propia Consejería.
La Consejería de Fomento recuerda que empezó a negociar con el sector del taxi, los VTC y otros colectivos, como las organizaciones de consumidores, nada más iniciarse la legislatura y, además de los convenios de colaboración con los ayuntamientos, existe "unanimidad" en el sector para el desarrollo de acciones como la intensificación de las labores de inspección, la constitución de áreas de prestación conjunta, la implantación de programas de transporte a demanda, la precontratación del taxi a precio cerrado o la aplicación del precio por plaza.
Empero, el sector hispalense del taxi reivindica especialmente que la Junta ciña la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre 30 minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, demanda en la que los taxistas han insistido en diversas ocasiones.
Para la incorporación de varias de estas medidas se encuentra en la última fase de tramitación el proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo.
