El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que indaga el altercado acontecido el día de Reyes en el restaurante 'Princi.Pico' a cuenta de la denuncia de Vox contra el concejal de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, por su papel en dicho incidente, ha ordenado requerir a la Policía Local hispalense un "informe acerca del motivo por el que acudieron (sus agentes) al establecimiento" y sobre el número de dotaciones, solicitando además "el atestado o informe que se elaborase", según una providencia fechada el pasado día 22 y recogida por Europa Press.

En la providencia, la juez instructora da cuenta de los escritos de la Fiscalía, de la entidad gestora del restaurante y de Vox, organización denunciante del asunto. Merced a tales documentos, y conforme a lo solicitado por la Fiscalía, ordena requerir al establecimiento Princi.Pico para que identifique a los trabajadores que prestaron sus servicios" el día del incidente, "determinando quién era el responsable tal día".

Además, solicita identificar "a aquellos que dialogaron con el denunciado y su familia" para que presten declaración en calidad de testigos, tras lo cual pide remitir un oficio "a la Policía Local de Sevilla, a fin de que se informe acerca del motivo por el que acudieron (sus efectivos) al establecimiento, cuántas dotaciones, e incorpore, de haberlo realizado, el atestado o informe que se elaborase".

Y mientras Vox ha pedido al juzgado que cite a Cabrera como investigado, dicha instancia judicial ha determinado que "con el resultado de las diligencias, se resolverá en cuanto a las peticiones de la parte denunciante".

En su denuncia, Vox atisba presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público, avisando de un supuesto "abuso de autoridad" del edil debido a la "muy numerosa dotación de efectivos" de agentes de la Policía Local personados en el lugar de los hechos, un despliegue "desmesurado y abusivo" frente a la situación suscitada, a juicio de este partido.

EL ESCRITO DE CABRERA

En un escrito recogido por Europa Press, Cabrera explicaba de su lado que el 6 de enero acudió junto a unos familiares al restaurante 'Princi.Pico', cuyos responsables se negaron a disponer una mesa para diez comensales pese a que dicha jornada festiva sí estaba permitido tal número de personas a la mesa merced a las estipulaciones de la Junta de Andalucía en el marco de las prevenciones frente a la pandemia.

Según Cabrera, en el marco de dicha discusión, uno de sus familiares fue "empujado" y el encargado del local "no accedió" a entregar la hoja de reclamaciones. Según su tesis, él nunca se identificó como concejal y fue un familiar suyo quien "por decisión espontánea y propia" reclamó presencia policial mediante una llamada telefónica.

"Cuando la Policía llegó, ni mis familiares ni yo nos encontrábamos ya en el local. En ningún caso di órdenes de ningún tipo, ni a la Policía Local ni a la Policía Nacional, ni a nadie, para que actuaran en algún sentido", aseguraba Cabrera, exponiendo que habla "a diario" y "muchas" veces con el jefe de la Policía Local y aquel día comentó en una de sus conversaciones con dicho mando policial el "desagradable incidente" después de acontecer el mismo.

"Ni impartí instrucciones ni alenté ningún tipo de actuación", insistía Cabrera, detallando después que la Policía Local, según la información proporcionada por el jefe del cuerpo, acudió al restaurante, ubicado junto a una sede policial, "entre 30 y 40 minutos después" de la llamada de su familiar, pesando el hecho de que hay "grandes diferencias en el tiempo de respuesta" de la Policía Local según los agentes en servicio, su proximidad al lugar de los hechos o las contingencias.

EL NÚMERO DE AGENTES

Durante la actuación policial, según detallaba, "sólo dos agentes permanecieron en el restaurante" todo el tiempo, si bien "pasaron por el local dos parejas más mientras se desarrollaba la actividad", tratándose en todos los casos de agentes "de la escala básica, sin graduación". La actuación de los agentes, según Cabrera, estuvo "en todo momento" ceñida a los "criterios técnicos.

Y mientras Vox insiste en su denuncia y reitera que los hechos supondrían un caso de "abuso de poder", el alcalde, el socialista Juan Espadas, alertaba recientemente de una "cacería política" de Vox y el PP en contra del citado concejal, dándole ya por "condenado" pese a carecer de "pruebas".

Tras aquel incidente, recordémoslo, Cabrera afrontó acusaciones de Vox por supuestos insultos racistas y comentarios xenófobos, extremo que él negaba. Después, se celebraba una reunión entre el concejal y el responsable del restaurante, Roberto Murados, a instancia de este último.

Al término del encuentro, el abogado del establecimiento, Joaquín Moeckel, explicaba a Europa Press que el responsable hostelero había admitido que en efecto, aquel día estaba permitido servir mesas de hasta diez personas y que medió un "error" por parte del restaurante a la hora de afrontar la situación, aludiendo a un "malentendido" derivado después en una "discusión" y en una "desagradable situación para todas las partes".

Igualmente, el abogado exponía que Roberto Murados había indicado que Cabrera no profirió ningún comentario xenófobo o racista en aquella discusión.