El Gobierno ha iniciado expedientes sancionadores a algunos manifestantes que participaron en la concentración ante la comisaría de Zapadores Valencia en el marco de las protestas estudiantiles que se produjeron el pasado mes de febrero a raíz de la detención de un alumno del Instituto Lluís Vives en lo que se conoce como 'primavera valenciana', ha informado EUPV.          Así, el diputado valenciano de Esquerra Unida-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, ha reclamado al Ejecutivo explicaciones sobre "la lluvia de denuncias" que están llegando a los manifestantes y ha exigido su "sobreseimiento".        Según una de las notificaciones de incoación de expediente difundida por EUPV, se achaca a estas personas su participación "en una concentración no comunicada frente a las dependencias policiales, negándose a disolverse a pesar de los repetidos requerimientos de los agentes, dirigiendo insultos contra ellos, ocasionando desórdenes públicos y provocando cortes de tráfico en la vía pública".      Se recuerda además que estos hechos "pueden ser constitutivos de una infracción grave" y "susceptibles de ser sancionados con una multa de entre 300,51 a 6.010,12 euros". Asimismo, se dan 15 días para presentar alegaciones contra esta propuesta de resolución y se recuerda que el pago voluntario de la cantidad de 301 euros en cualquier momento anterior a la decisión definitiva implicará el fin del procedimiento.          Tras conocer estos expedientes, Sixto ha exigido al Ministerio del Interior que proceda al sobreseimiento de todos los expedientes sancionadores contra los participantes.      En su opinión, estas sanciones "no son más que la clara evidencia de la persecución policial que sufrieron, cuando no se produjo ni un solo daño ni a bienes, ni a personas".      Sixto afirma, en un comunicado, que las multas "no están justificadas", ya que, por un lado, las denuncias se basan en que se pidió a los manifestantes frente a Zapadores que se disolvieran y no lo hicieron, algo que Sixto asegura que es "absolutamente falso". "Lo que hizo la policía es encerrarlos con una maniobra jaula, identificándolos por grupos, y por lo tanto era imposible que se pudieran disolver", afirma.      Por otro lado, tal y como señala Sixto, la Delegación de Gobierno "lo que pretende es criminalizar la participación en las concentraciones, argumentando que no estaban autorizadas". "Es vergonzoso", asevera.   "DESPROPÓSITO"      El diputado de EUPV, además, destaca que para "más despropósito, quien firma las aperturas de expedientes es Isabel Villalonga" --como  secretaria general de Delegación del Gobierno-- "una señora que está imputada por el 'caso Nóos', y que en estos momentos tendría que estar cesada".      En este sentido, fuentes de la Delegación de Gobierno han recordado que Isabel Vilallonga no se encuentra imputada en la causa judicial.      Finalmente, Esquerra Unida ha anunciado que coordinará la asistencia legal con otras organizaciones, a todos aquellos afectados que lo deseen y que estén recibiendo denuncias.