La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, María del Carmen González, en funciones de guardia, ha acordado esta madrugada prisión provisional sin fianza para el principal sospechoso de la organización criminal rusa conocida como 'Taganskaya', Alexander Romanov, así como para su esposa.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), para un tercer detenido se ha acordado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, con un plazo de cinco días para depositarlo. El suegro del principal detenido ha quedado en libertad provisional, mientras que la esposa de este último no ha sido presentada finalmente como detenida ante la jueza.

Se les imputan los presuntos delitos de pertenecencia a grupo organizado, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores, hacienda pública y falsedad en documento mercantil. El caso continúa bajo secreto de sumario.

Estos individuos fueron detenidos el pasado miércoles como presuntos responsables del blanqueo de capitales procedente de las actividades ilícitas que llevaba a cabo en la isla la organización criminal. Esta operación, que fue coordinada por Europol, se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.

Cabe recordar que la investigación se inició hace más de 20 meses, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales del principal sospechoso de la trama, Alexander Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el 'Hotel Mar y Pins', quien cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.

Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que la organización criminal 'Taganskaya' estaba utilizando España para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. Romanov es una "pieza clave en este esquema" y ha sido "auxiliado" por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales, indicó el Instituto Armado.

Además de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda pública y falsedad documental, la Guardia Civil investigaba otros indicios que apuntan a la comisión de otros delitos por parte de los detenidos, como el de contra el derecho de los trabajadores, revelación de secretos, coacciones y tráfico de influencias.

La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma y por la Fiscalía Anticorrupción. Se llevó a cabo por agentes de los Servicios Centrales de Información de la Guardia Civil, quienes contaron con la colaboración y apoyo de funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de distintos servicios policiales extranjeros.