Las diligencias contra el ex jefe de la Policía Local de Benalmádena Lázaro Bañasco y otros tres funcionarios por presuntas irregularidades en la subasta de veinticuatro vehículos retirados de la vía pública han sido archivadas por la jueza instructora del caso.
A los cuatro se les imputaban presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, aunque la instructora considera que no había "resoluciones decisorias" por parte de los imputados, cuya actuación "se limitaba a ejecutar un decreto del alcalde", según el auto, al que ha tenido acceso Efe.
La investigación se inició en 2007 por una denuncia anónima que refería irregularidades en la subasta de vehículos intervenidos por la Policía Local. Tras la instrucción, el juzgado ha determinado que las subastas se acordaron "ante los gastos generados por los vehículos depositados por la Policía Local de Benalmádena en los depósitos municipales de vehículos".
Además, "con anterioridad a la subasta, por parte de la Policía Local se instruía un expediente por cada uno de los vehículos que iban a formar parte de la subasta considerándose en todos ellos que se habían agotado los trámites para localizar a su titular y que habiendo transcurrido el plazo de dos meses pasaría a ser propiedad municipal".
Tras conocer la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos, Bañasco ha mostrado su satisfacción en un comunicado, y considera que de esta forma se confirman las manifestaciones que hizo al comenzar la investigación, cuando afirmó que la suspensión de empleo y sueldo ordenada por el alcalde de Benalmádena, Javier Carnero (PSOE), fue "una ligereza".
Bañasco ha recordado que "en la mañana del 28 de agosto de 2007, apenas algunas semanas después de la toma de posesión de Carnero como alcalde de Benalmádena", agentes del Cuerpo Nacional de Policía entraron en su domicilio para efectuar un registro.
También ha destacado que, durante sus veintinueve años de servicio, doce de ellos como jefe de la Policía Local, acumuló "decenas de méritos, medallas y reconocimientos". Ha calificado su caso como "la mayor persecución política y sindical realizada contra un funcionario en la historia de Benalmádena".
Después de ser suspendido de empleo y sueldo, el alcalde le "relegó arbitrariamente a la segunda actividad, sin cumplir con los requisitos legales establecidos", y fue "desposeído de toda responsabilidad y ubicado en un despacho de la planta baja de la jefatura, sin misión alguna", añade el comunicado. Según Bañasco, estos cinco años "han supuesto un auténtico calvario que ha dejado una huella indeleble e imposible de reponer" para él, para su familia y para sus amigos.
Por ello, estudia "emprender acciones legales contra las decisiones irregulares adoptadas desde el equipo de gobierno municipal" y que han "dañado gravemente a su imagen a su honor y a su vida".
