La Audiencia de Málaga ha condenado a 25 años de prisión al hombre declarado culpable por un jurado popular de degollar y dar 30 puñaladas a su expareja en la localidad malagueña de Torremolinos en marzo de 2014. Además, se le impone el pago de 200.000 euros a los padres y de 50.000 euros a cada uno de los hermanos de la víctima, por el "espeluznante" daño moral causado en la familia.
Así, se le condena por un delito de asesinato con la agravante de ensañamiento, señalando que el hombre "aumentó deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima" con las 30 puñaladas. Además, se aprecia la circunstancia de parentesco, ya que el hecho de que hubieran tenido una relación "hace más grave su conducta por haber quebrantado los lazos de afecto que unían a ambos".
Según se declara probado en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado y la víctima, que era profesora, tuvieron una relación sentimental durante siete años, que finalizó a instancias de la mujer a finales de 2013. El día 5 de marzo de 2014, el procesado fue a la casa de ella con un cuchillo adquirido poco antes "con la intención de acabar con la vida de la mujer".
Así, "tras discutir con ella, le asestó una primera puñalada en el cuello y, seguidamente, a pesar de los ruegos de la víctima, el acusado le clavó el cuchillo otras 30 ocasiones, dirigiendo el arma a la cabeza y al cuello", a consecuencia de lo cual la mujer falleció, según la resolución.
La agresión comenzó, señala la sentencia, cuando el hombre "de manera sorpresiva y sin mediar palabra, apuñaló a la víctima, que no pudo defenderse debido a que estaba parcialmente girada y a lo sorpresivo del ataque", de forma que no se percató de que el acusado llevaba un cuchillo, ya que lo tenía escondido entre sus ropas.
Asimismo, se considera probado que "el acusado, al clavar el cuchillo 30 veces en el cuerpo de la víctima, pretendía no sólo causarle la muerte sino también de manera deliberada producirle un sufrimiento adicional de carácter físico y moral". "Aumentó de manera consciente y voluntaria el sufrimiento de la víctima", se apunta.
Al irse de la vivienda, se apoderó del teléfono de la mujer, por lo que se le condena por una falta de hurto a ocho días de localización permanente. La pena de prisión de 25 años coincide con lo solicitado tanto por la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, como por la acusación particular en representación de la familia.
En cuanto a la indemnización, la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado señala que se le impone al acusado el pago de 200.000 euros a los padres y de 50.000 euros a cada uno de los hermanos de la víctima "por no ser ni mínimamente discutible el espeluznante daño moral que en los seres queridos de la víctima ha producido no sólo el fallecimiento de ésta, sino las circunstancias y el horror en el que éste se produjo".
