Anda rodando, por redes sociales y otros medios, iniciativas que pretenden la regeneración de la política en este país. Es urgente que quienes dicen obtener la representación del pueblo ofrezcan un comportamiento ejemplar y en consonancia con las necesidades de ese pueblo al que se gobierna. Por ello parece lógico, natural, hasta más que conveniente, incluso necesario que quienes desempeñan funciones políticas y requieren para ello vivir del erario público den ejemplo en todo asunto retributivo.
Sueldos los ajustados al personal funcionario, que también sirve al pueblo contratado mediante sistemas que garantizan la publicidad, el mérito y la capacidad. En este sentido las tablas salariales, dietas e indemnizaciones, que se aprueban en boletines oficiales deben ser el elemento de referencia y no la propia opinión de quienes serán beneficiados por sus propios sueldos, como ahora ocurre. El principio de abstención cuando de interés particular se trata debe primar en la determinación de las condiciones salariales y “laborales” que tienen los parlamentarios y cargos políticos de las administraciones públicas. Del mismo modo deben ser retribuidos exclusivamente durante su mandatado y obtener derechos sobre jubilaciones o pensiones en el mismo formato que el resto de las personas trabajadoras, así como cotizar a la seguridad social y recibir asistencia sanitaria de esta institución del pueblo, participando de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. Se impone de esta forma la extinción e integración en la seguridad social de cualquier fondo de pensiones que los políticos hayan impulsado como colectivo de manera privada. Representar al pueblo no puede convertirse en una profesión, por lo que esta función de representación debe estar limitada a una duración no superior a dos mandatos o a 8 años.
Como los partidos políticos han utilizado a las instituciones públicas para fomento del autoempleo de adeptos, han multiplicado los puestos de trabajo para ello. Urge reducir el número de políticos asalariados con dineros públicos. No sería descabellado que se estableciera un organigrama político al funcionamiento de las instituciones públicas de suerte que se redujera al mínimo esencial este tipo de personal en ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, parlamentos autonómicos y nacionales, etc.) Evidentemente son los funcionarios públicos quienes deben desarrollar las actuaciones emanadas de las leyes y normas generadas por el estamento político, de ahí lo innecesario de los “cargos de confianza”. Bien podría aprovecharse para reducir el número de estas instituciones políticas creando una línea directa entre parlamento, gobierno central o autonómico y ayuntamientos.
Y llegados a este punto ¿Qué fuerza política puede empeñarse en ello? Si eliminamos por “reducción” aquellas que legitimaron la situación actual ¿Quién queda para afrontar esta regeneración política YA? Si en las próximas elecciones no se apoya a la fuerza del cambio podemos encontrarnos los próximos 4 años con más de lo mismo. Toca electoralmente decidirse.
Fdo Rafael Fenoy Rico