Ecologistas en Acción de Huelva ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la resolución de la Junta de Andalucía que autoriza a la empresa Sandfire Minas de Aguas Teñidas S.A.U. (MATSA) la construcción de una balsa de residuos mineros tóxicos a escasos 500 metros de la pedanía de Valdelamusa, en el término municipal de Cortegana, sierra de Huelva.
El recurso se fundamenta en, a juicio de los verdes, diversas vulneraciones del procedimiento legal, entre las que destaca que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tal y como exige la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
Esta omisión, ya señalada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, invalida en su opinión la autorización ambiental otorgada, al privar de validez jurídica a un trámite esencial para garantizar la transparencia y la protección del medio ambiente. Además, no se abrió un nuevo trámite de información pública tras la elaboración del dictamen ambiental, como también exige la normativa estatal y ha ratificado la jurisprudencia. Esto ha impedido a la ciudadanía presentar alegaciones sobre la versión final del proyecto, lo que -estima la entidad- vulnera los derechos de participación pública en asuntos ambientales.
Otro defecto de fondo del expediente administrativo es, en su opinión, que la Junta ha autorizado la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada sin haber resuelto previamente el expediente de cambio de titularidad del dominio público hidráulico afectado, lo que constituye una grave irregularidad, ya que la actuación afecta directamente a terrenos y masas de agua cuya gestión y titularidad deben estar correctamente regularizadas antes de emitir cualquier autorización sustantiva. Por ello, para Ecologistas en Acción de Huelva, se trata de una actuación que ignora las obligaciones legales más básicas en materia de aguas públicas, lo que podría tener consecuencias irreversibles para los recursos hídricos de la zona.
Ecologistas en Acción subraya además otros riesgos graves del proyecto para el medio ambiente y la salud: contaminación potencial del embalse del Tamujoso, situado a solo 4 kilómetros de la futura instalación y catalogado como reserva estratégica de agua potable; falta de un informe preceptivo de Protección Civil, pese al alto riesgo que supone una balsa de residuos mineros de esta envergadura; uso fraudulento de medidas compensatorias, como la reforestación de un monte público incendiado, que no puede considerarse compensación efectiva por la destrucción de un bosque maduro; e inicio de obras sin autorización previa, en un contexto en el que el Juzgado de Instrucción de Aracena abrió diligencias previas de investigación.
A juicio de los verdes, la instalación de esta balsa es una amenaza directa para la salud de la población, el agua potable y los ecosistemas del entorno, por lo que Ecologistas en Acción de Huelva ha solicitado la paralización cautelar del proyecto y exige a la Junta de Andalucía que revoque la autorización y repita el procedimiento con garantías jurídicas, transparencia y participación pública real.
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