La Diputación de Cádiz, a través del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, con Paula Conesa al frente, destina 300.000 euros al Programa de Pobreza Energética, con el que se atendió en 2024 a 638 unidades de convivencia, con 1.442 personas, de 30 municipios menores de 20.000 habitantes y nueve ELAS, evitando 327 cortes de suministro de electricidad, gas y agua. Además, la institución provincial abonó 3.139 facturas correspondientes a la prestación de estos servicios.
La iniciativa es una de las líneas del Plan de Cohesión Social de la Dipuación de Cádiz que contribuye a que en ningún hogar con necesidades se quede sin luz, agua o calefacción por falta de recursos económicos. “Tener acceso a la energía es primordial para que todas las personas tengan un nivel de vida digno”, apunta la presidenta, Almudena Martínez.
Los colectivos de población vulnerables, las entidades sociales de la provincia y los ayuntamientos pequeños son los más beneficiados. “Desde el principio de este mandato, este Gobierno ha demostrado ser un Gobierno social, en el que las políticas sociales y cada persona cuentan, y así se refleja en los dos presupuestos aprobados”, agrega Martínez.
Entre las novedades introducidas en 2025, está la atención a personas electrodependientes, aquellas que por motivos médicos necesitan de aparatos eléctricos para su tratamiento, como respiradores. En concreto, está previsto darles prioridad de atención, después de la experiencia vivida con el apagón del 28 de abril que afectó al conjunto de España durante horas.
Otra novedad es el valor de referencia para calcular los tramos de renta de cada unidad de convivencia (personas que viven en el domicilio, que puede ser más de una familia).
Hasta ahora se usaba el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), pero como lleva varios años congelado, se toma como referencia a partir de este ejercicio el valor de las pensiones no contributivas.
