Era el Viernes de Dolores de hace un año y llovía “con avaricia”, que diría mi amigo Rafael. Creo que tardaremos en olvidarlo, porque muchos llegamos empapados a la convocatoria de prensa y porque en aquella tarde cerrada y gris se hablaron de cuestiones trascendentales para el futuro inmediato de la ciudad, la mayoría de ellas vinculadas a un nuevo plan de ahorro que implicaba el despido de casi 400 trabajadores municipales. Casi un año después, en la víspera de otro Viernes de Dolores, ha llegado la respuesta judicial a ese despido, calificado ahora de “improcedente”; y es que hay fechas que parecen cargadas por el diablo, tentadoras de principio a fin, por muy devocional que sea su auténtico significado, y reveladoras de las peculiares circunstancias que inciden sobre el destino de los seres humanos.
Ese destino sitúa en este momento a todo un Gobierno local en una dolorosa -también- encrucijada, ya que debe decidir de nuevo sobre el futuro de los, finalmente, 260 trabajadores incluidos en el ERE, bajo una inquietante premisa, la de tener claro que no puede seguir contando con ellos y que, si quiere consumarlo, deberá duplicar y hasta triplicar la indemnización concedida en su momento.
Quiere saber, para ello, si la sentencia es aplicable a todos los despedidos o solo a los menores de 59 años, aunque haría bien el Gobierno en ponerse en lo peor -en lo que no esperan, se entiende-, ya que el hecho de que la sentencia no aluda a exclusiones es toda una invitación a considerarlo así, lo que abre, asimismo, una interrogante vital: ¿Puede considerarse legitimado para abonar con fondos públicos una indemnización millonaria como consecuencia de sus errores en la tramitación del expediente de regulación de empleo? Porque, incluso dando por buena la lectura que el Gobierno local hace de la sentencia del TSJA, es ésta la salida planteada, y no parece el mejor remedio, sobre todo si se tiene en cuenta que desde la Alcaldía se ha barajado con antelación otra opción que pudiera parecer más consecuente si nos atenemos al hecho de que los despidos son inevitables.
Así, cuando hace unos meses se le planteó a la alcaldesa qué postura adoptaría si el ERE fuese anulado en los tribunales, anunció que haría otro. La cuestión es que aunque los magistrados no hayan anulado el expediente, a efectos prácticos es como si lo hubiera hecho. En este sentido, ¿por qué no readmite a los despedidos e inicia la tramitación de un nuevo ERE? ¿Porque eso sería reconocer la derrota que no han terminado de asumir?, ¿porque implicaría nuevas complicaciones económicas y violentaría los ánimos entre la plantilla a la hora de hacer una nueva selección de personal?
Puede que las dos opciones sean válidas, pero aunque incluso esta última le parezca mucho peor que la de seguir indemnizando a los ya despedidos antes que readmitirlos, no debe perder de vista una cuestión insalvable: el ERE puede tener todas las justificaciones y parabienes en favor de su tramitación, pero no se ajusta a derecho por la arbitraria y subjetiva aplicación de los criterios establecidos para seleccionar al personal despedido, y si es así es porque se han hecho las cosas mal, algo que debía haberse evitado en virtud de la repercusión, impacto y responsabilidad que entraña tener que tomar una decisión de tal calado.
Lo cierto es que, por primera vez en todo este mandato, el Gobierno local no puede presumir de una posición aventajada, ni siquiera la que le dan sus concejales en mayoría absoluta, y no porque obedezca al hecho de que la oposición haya hecho causa común en su contra, sino ante el complicado horizonte inmediato que se le presenta a tenor del dilema que le ha planteado el TSJA. Y sí, otros tendrán que sentarse en el banquillo por cuestiones más graves, responder ante un juez por su gestión, incluso ver cómo el poderoso influjo de su partido se ve amenazado por las gravísimas revelaciones en torno a la supuesta trama de comisionistas instalada en Andalucía a costa del erario público, pero ésas no son cuestiones que condicionen el presente de Jerez. Toca ser consecuentes, desde el error asumido -porque hay que asumirlo-, y sin olvidar el reto de evitar decepcionar a la ciudadanía.
