El 25 de septiembre vence el plazo establecido por la Oficina de Estadística de la Unión Europea para incluir en el cálculo de la riqueza nacional el impacto de las actividades ilegales y aproximar este indicador a la realidad económica.
El Instituto Nacional de Estadística español (INE) ha estimado los ingresos de estas actividades en 45.000 millones de euros anuales que es, sin duda, una importante cantidad que podría ser incluso superior si consideramos que en España existe un consenso casi generalizado de que el tamaño de nuestra economía sumergida asciende a los 200.000 millones de euros.
La mayor parte proviene de actividades legales, que se ocultan al fisco con la única finalidad de eludir el pago de impuestos. Pero existe otra parte que no se declara, no por defraudar, sino por ocultar su origen en la comisión de delitos. Estas actividades conforman la llamada economía ilegal y no tributan, porque su mera inclusión en una declaración fiscal, supondría autoinculparse de la comisión de un delito.
Entre las actividades ilícitas hay dos que están parcialmente despenalizadas: la prostitución, cuyo ejercicio es legal aunque no el proxenetismo; y las denominadas drogas blandas, cuyo tráfico se penaliza pero no el consumo propio. La inclusión en las estadísticas oficiales auspiciada por la Unión Europea parece indicar que se están dando los primeros pasos hacia una legalización total de estas actividades, porque parece contradictorio que si el propio estado las considera riqueza se penalice su ejercicio.
Estas actividades no son, ciertamente, ejemplares, y lo ideal sería que desaparecieran. Sin embargo, lamentablemente se dan y los esfuerzos policiales, así como su tipificación como delito, no han conseguido erradicar estas prácticas…. Por ello, debemos sopesar si su legalización pudiera ayudar a minimizar su perjuicios.
Los Inspectores de Hacienda hemos advertido de lo lucrativas que son estas actividades para algunos, y que además no tributan, lo que nos ha llevado a denunciar esta situación en un documento en el que señalamos todas las áreas de fraude y economía sumergida. No obstante, el debate sobre la legalización de dichas actividades tiene muchos ángulos, sin duda más importantes que los económicos.
Ciertamente, el ejercicio de la prostitución es éticamente reprobable y atenta contra la dignidad de la persona, pero su legalización permitiría reducir el número de personas que están siendo obligadas bajo amenazas a su ejercicio; reduciría la inmigración ilegal; permitiría a estas trabajadoras tener derecho a vacaciones, a paro, y a seguridad social, así como a una pensión al jubilarse. También mejoraría el aspecto sanitario y de protección contra enfermedades venéreas, y desplazaría a mafias y delincuentes que ahora organizan el negocio.
En el caso de las drogas blandas debemos reconocer su propiedades terapéuticas para algunas dolencias. Su legalización permitiría un control sanitario que evite la adulteración de este tipo de productos, así como acabar con las mafias de narcotraficantes que controlan su distribución y que usan las drogas blandas como fidelización de “clientes” y cauce de entrada para otras drogas de efectos totalmente destructivos.
Estas consideraciones deben servir para abrir un debate público crítico, objetivo, honesto y responsable sobre la legalización de estas actividades que si bien no son ejemplares, pudieran no ser merecedores de sanción penal, que solo debería castigar aquellas conductas que sean más dañinas y de mayor reproche social.
Además de prostitución y drogas blandas hay otros muchos sectores de fraude por regularizar: paraísos fiscales, operaciones trasnacionales, emisores de facturas falsas, SICAVs fraudulentas… por lo que acometiendo las medidas propuestas por los inspectores de Hacienda se podría reducir el nivel de economía sumergida a los niveles de Alemania o Francia, y no harían falta ni recortes ni subidas de impuestos. Por todo ello, animamos al Gobierno a tomarlas en consideración y mantener el Estado de bienestar por el que tanto hemos luchado los españoles.
