ETA no mata ya pero sigue causando un sufrimiento insoportable. “ETA -dice Teresa Jiménez Becerril con el aplomo de quien sabe que solo se combate la barbarie con valentía y dignidad-, ETA no está derrotada, la que está derrotada es la razón”. Teresa, hermana de Alberto, cuñada de Ascen, activista en defensa de la libertad y cargo electo de dilatada y fructífera trayectoria en las filas del PP, primero en el Parlamento Europeo y ahora en el Congreso, lamenta que prácticamente a diario los terroristas asuman el protagonismo de la actualidad política y mediática y que “se acepte” con normalidad su participación en la vida pública, negociando el apoyo a un nuevo Gobierno con Arnaldo Otegui u ocupando un aula, como hizo esta misma semana Ramón López de Abetxuko en el campus de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Vitoria para reclamar la excarcelación de los reos con enfermedades graves. “Es muy duro”, admite, al tiempo que advierte de que la banda criminal no ha cedido en sus posiciones en defensa del colectivo de presos vascos ni un ápice, especialmente con la reivindicación del fin de la dispersión de los reclusos.
Éste es un asunto de capital importancia que preocupa mucho a los colectivos de víctimas. No quieren tener que sufrir otra derrota, como han sufrido el olvido y la falta de compasión durante décadas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encendió todas las alarmas recién nombrado en junio de 2018 al dejar las puertas abiertas a posibles acercamientos al País Vasco “en el marco de la legalidad”, de manera individualizada y dando cuenta de ellos. Desde entonces, según la coordinadora del Observatorio de Política Penitenciara de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara, se han autorizado 27 traslados, más otros cuatro que no se incluyen en la estadística global: Javier Moreno fue progresado a un tercer grado que implicaba una reubicación y, por cuestiones organizativas, se dio luz verde a las de Sergio Polo, María Lizarraga e Íñigo Gutiérrez Gutiérrez. Del total, 25 se llevaron a cabo antes de las pasadas elecciones generales de abril. Y, entre ellos, dos tuvieron centros penitenciarios gaditanos como punto de origen. Aurken Sola Campillo partió con destino a Burgos el 20 de diciembre de 2018 y Unai Fano puso rumbo a Soria el 28 de febrero de 2019. Ambos, internos en Algeciras, sin delitos de sangre, pasaron de estar a 1.100 kilómetros de Euskadi a 210 y 225, respectivamente. Consultada al respecto, Ladrón de Guevara constata que la provincia sigue siendo clave en la política de dispersión de etarras. Es una cuestión geográfica. Cádiz ha concentrado tradicionalmente a la mayor parte del colectivo y a los más sanguinarios.
Y sigue siendo así. De los 205 reclusos que se cuentan en cárceles españolas, 23 están en Botafuegos (4), Puerto I (10) y Puerto III (9), muy por delante de Valencia, con 16, segunda provincia en el ránking, según la Asociación de familiares y allegados de presos de ETA (Etxerat). Pero, en realidad, son 25. En Puerto III también se encuentran Iñaki Bilbao y Daniel Pastor, autoexcluidos ambos del colectivo por sostener posiciones más radicales. Hace un año y medio, Iñaki Bilbao aseguraba a Isabel Delgado Sanjosé, miembro de la corriente ATA, escindida de ETA y crítica con la izquierda abertzale, en una conversación interceptada en una visita a la cárcel que “si me dieran otra oportunidad en esta vida, cogería un arma y retomaría la lucha armada aunque fuera solo”. Es el único de todos que está en un módulo de aislamiento en las instalaciones portuenses. Por su parte, Pastor, su compinche, condenado a más de 500 años de cárcel por los asesinatos de Eduardo Puelles y Luis Conde, rompió oficialmente en 2015 con sus compañeros.
Gran reducción en cinco años
En cualquier caso, la cifra de presos se ha reducido drásticamente en los últimos años en la provincia. En 2010, los centros penitenciarios albergaban a más de medio centenar de etarras. Hace cinco años, fecha del primer informe disponible de Etxerat sobre el colectivo, se contaban exactamente 46. Ladrón de Guevara echa mano de la hemeroteca para rescatar un estudio elaborado por la AVT en abril que cifraba en un 40% el porcentaje de terroristas presos que quedarán en libertad en los próximos cinco años. El cumplimiento de las condenas y el progreso de grados, dado que tímidamente comienzan a “aceptar la legalidad” para obtener beneficios (“un paripé, no hay ni arrepentimiento ni perdón”, coinciden las víctimas) ha generado frustración. Jiménez Becerril subraya que hoy serían condenados con prisión permanente revisable. En cambio, con la legislación actual, estarán encerrados 30 años como mucho. Solo algunos, los que mataron después de 2003, 40. Poco para tanta sangre derramada.
Por todo esto, con este panorama, cuando se le pregunta por el acercamiento de presos, María Ana Suar, hija del funcionario de prisiones asesinado en 1983 en Cádiz, responde sin titubeos: “Cada vez que quiero ir a ver a mi padre tengo que ir al cementerio. No pasa nada porque las familias de los criminales se muevan un poquito”.
Galardón a los funcionarios de prisiones
La Fundación Víctimas del Terrorismo hizo entrega este martes de sus premios anuales. María Ana Suar, hija de Alfredo Jorge Suar, facultativo del penal de El Puerto, asesinado por ETA el 14 de octubre de 1983, recogió el Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez en nombre de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias Víctimas del Terrorismo. La presidenta, Mari Mar Blanco, agradeció al colectivo su contribución a la derrota de ETA.
