Con una veintena de recursos sobre la amnistía encima de la mesa, el Tribunal Constitucional puede tener este año un papel clave para desencallar su aplicación a los líderes del procés, que siguen sin pasar página a su historial penal, mientras la justicia europea analiza en paralelo la ley.
El tribunal, con mayoría progresista, tendrá que decidir sobre la constitucionalidad de una ley que entró en vigor el pasado mes de junio, con efectos dispares: se han zanjado la mayoría de causas abiertas a manifestantes y a policías, pero no así las de los líderes independentistas, con lo que siguen en pie tanto la orden de detención de Carles Puigdemont como la inhabilitación de Oriol Junqueras.
Deberá pronunciarse además sobre los recursos de amparo planteados por los líderes del procés contra la negativa del Supremo a perdonarles el delito de malversación. El Constitucional tiene oportunidad de corregirlo y desbloquear así la aplicación de la amnistía en su caso, aunque el Supremo aún podría acudir a la justicia europea, en su última carta para mantener el perdón en suspenso.
Las primeras resoluciones, en verano
Antes de entrar en materia, el TC tiene previsto decidir en enero sobre la recusación del magistrado conservador José María Macías, que la Fiscalía planteó argumentado que en su anterior cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intervino en varios informes contrarios a la amnistía.
Posteriormente, el pleno se proponer abordar los dos principales recursos contra la ley, el del PP y el del Tribunal Supremo, unas resoluciones que confían tener listas para el verano, según han apuntado a EFE fuentes jurídicas. Les seguirán los que han formulado, en el mismo sentido, una quincena de comunidades autónomas.
Solo cuando hayan resuelto si la amnistía tiene encaje constitucional, los magistrados estudiarán si el Supremo ha vulnerado los derechos de los líderes independentistas al descartar perdonarles el delito de malversación, con el argumento de que obtuvieron un beneficio personal patrimonial con el procés y que los gastos del 1-O causaron perjuicio a las finanzas europeas.
Pero aunque el TC decida que Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers de su Govern deben ser amnistiados, el Supremo podría optar por plantear una cuestión prejudicial sobre la ley al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasar hasta uno o dos años la decisión.
Primeros pasos de la justicia europea
El debate sobre si el delito de malversación es amnistiable se encuentra ya el tejado de la justicia europea de la mano del Tribunal de Cuentas, que fue el primero en mover ficha y dejar en suspenso el procedimiento contable sobre los gastos del procés, y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha frenado la amnistía de los excargos de ERC Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, artífices del referéndum.
A raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por ambos tribunales, que aducen que la amnistía puede colisionar con los principios de la Unión Europea sobre gestión de caudales públicos, el TJUE ha pedido ya a las partes que le envíen sus informes posicionándose sobre la ley, según han señalado a EFE fuentes jurídicas.
Aunque el TJUE suele demorarse un mínimo de año y medio en dictar sus resoluciones, no es descartable que a lo largo de 2025 se pronuncie sobre si la amnistía atenta contra los valores comunitarios, una decisión que podría marcar de forma definitiva el horizonte penal y político de los principales líderes del procés.
Otro de los frentes que deberá dirimir la justicia europea es si es posible el olvido penal de los delitos de terrorismo que no hayan causado violaciones de derechos humanos, muerte o torturas, como le planteó la Audiencia Nacional en una cuestión prejudicial sobre el caso de los CDR acusados de planear acciones violentas contra edificios públicos en el procés.
Causas encalladas en los juzgados
La ley de amnistía establecía un plazo de dos meses para que los tribunales dieran carpetazo a los implicados en los frentes judiciales abiertos durante una década de procés -varios centenares según el Gobierno y hasta 1.500 según partidos y entidades independentistas-.
Transcurrido más de medio año desde la entrada en vigor, los encausados que se han beneficiado de la ley se mueven en los 200, según los cálculos del independentismo, la mayoría manifestantes implicados en desórdenes públicos por las protestas tras la sentencia del procés y policías investigados por las cargas para impedir el referéndum.
Al margen de los líderes políticos cuyo futuro está pendiente del Constitucional y la justicia europea, son múltiples las causas que permanecen encalladas, en ocasiones por discusiones sobre la competencia: es el caso de las decenas de cargos del Govern de Puigdemont encargados de la logística del 1-O, los miembros de la Sindicatura Electoral o los policías nacionales encausados por reventar un ojo con una pelota de goma a Roger Español.
