El Ayuntamiento de Cádiz aprobará mañana en Pleno Extraordinario la suspensión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico (VUT). La decisión, impulsada por el alcalde, Bruno García, precisa para su puesta en marcha una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que completa la que se llevó a cabo en 2022 y que, pese a contar entonces con el rechazo del PP, el equipo de Gobierno actual considera que se quedó corta para la lucha contra la turistificación.
En el expediente remitido a los grupos políticos, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, apunta que “desde la implantación de las viviendas turísticas, en 2016, nuestra ciudad, especialmente su centro histórico, se ha visto muy afectada por dicha irrupción, ya que las mismas, al estar comercializadas en plataformas digitales con una gran rapidez de conexión y respuesta por el acceso a internet entre la oferta y la demanda, así como por el abaratamiento de los precios de alojamiento en comparación con los hoteles e incluso los apartamentos turísticos, ha supuesto una gran demanda de este tipo de establecimientos”. No en vano, cuando se realiza la primera muestra, el 2 de septiembre de 2019, constaban inscritas 1.224 licencias, un 2,46% con respecto al número de viviendas destinadas al uso residencial. Cuando se inició el procedimiento para la primera modificación del PGOU, el 8 de noviembre de 2021, se contaban 1.924 licencias, el 3,87% con respecto al uso residencial; el 17 de octubre de 2022, cuando entraron en vigor las restricciones, se registraban 2.237, el 4,5%. En la actualidad, señala Cossi, el Registro de Turismo de Andalucía consigna 2.425 pisos turísticos e la actualidad en Cádiz, con capacidad de acogida para 11.509 plazas, lo que representa el 4,89% del total en relación con las viviendas utilizadas para uso residencial.
De ahí que, concluye el delegado municipal, “no ha sido suficiente para frenar el aumento” la medida tomada en el anterior mandato y sea preciso endurecer las condiciones a partir de ahora, que en la práctica supone prohibir nuevas licencias.
El primer edil ha sacado pecho por las medidas adoptadas. En un reciente comunicado, sostenía que, “en unos diez meses, un total de 431 viviendas se han dado de baja en la ciudad en el registro al no cumplir con la normativa urbanística. Además, desde agosto de 2024 se han impuesto sanciones para aquellos que han seguido operando pese a estar de baja”.
Convive Cádiz, sin embargo, ha cuestionado la persecución de los alojamientos turísticos ilegales por parte del Ayuntamiento, detectando en víspera del Pleno una veintena de viviendas sin licencias o CTCs provisionales en plataformas como Airbnb. “Mientras desde ciertos sectores políticos y sociales se criminalizan las viviendas turísticas como si fueran el epicentro de todos los males de la ciudad, nadie señala ni actúa contra los que verdaderamente incumplen”, denuncian, exigiendo más inspecciones y las correspondientes sanciones.
