El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), ha señalado este viernes que "como no podía ser de otra manera, la Fiscalía ha archivado las diligencias informativas" que se abrieron tras "la remisión por parte de la Asociación La Carpa de dos vídeos" en los que "se quejaba de la actual situación de los inmigrantes ilegales", que "culminó con una agresión a un ciudadano de este municipio que sufrió múltiples lesiones y que incluso se llegó a temer por su vida", toda vez que ha señalado que "confundieron libertad de expresión con delito de odio".
Así lo ha manifestado Barroso en una publicación realizada en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, después de conocer el archivo de las diligencias, y en la que ha apuntado que "tanto PSOE como IU" le "exigieron" a través de los medios "responsabilidad penal por un presunto delito de odio, confundiendo la libertad de expresión y la defensa de la seguridad de los ciudadanos con un comportamiento xenófobo que no se corresponde con la realidad".
"La inmigración ilegal es un problema muy importante en Cartaya, que genera desconfianza en la población y que está haciendo que empiece a cundir el miedo en las calles por la inseguridad ciudadana. Desde aquí reitero mi petición al Gobierno de España para que garanticen la seguridad de los ciudadanos de Cartaya, tomen las medidas necesarias para que las mafias que controlan la inmigración ilegal dejen de actuar impunemente y por supuesto adecuen la ley a las necesidades actuales, donde los inmigrantes ilegales son prácticamente inmunes a sus actos", ha remarcado.
Barroso ha subrayado que la inmigración "legal" es "necesaria y bienvenida" en su municipio y que, "de hecho, la ciudadanía convive de forma pacifica e integradora", pero que "los ilegales son fuente de conflictos derivados de sus situaciones personales --falta de trabajo y documentación, etc.-- que "les obliga a realizar actos de supervivencia que muchas veces chocan con la legalidad".
"Por ello, desde aquí, mi compromiso con la defensa de los ciudadanos de Cartaya para que vivan seguros y de forma pacífica, y mi exigencia al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias para acabar con la inmigración ilegal", concluye su comunicado.
