La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no va a imponer un precio máximo a los alimentos sin acuerdo, aunque sí ha abierto la puerta a exigir "un mayor esfuerzo" a los sectores "que se beneficien de forma extraordinaria de esta crisis".
En una entrevista en Telecinco, Montero ha defendido que la propuesta de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, pasa por acordar con las distribuidoras una cesta básica de la compra con precios máximos establecidos, pero no se plantea "una regulación de esos precios".
El objetivo, ha añadido, es "intentar que no se contagien todos los precios intermedios al precio final" y, en ese sentido, ha apuntado que igual que se van a crear impuestos para las eléctricas y la banca, el Gobierno "no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de esa carga" de inflación.
Así, a "aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis se les pedirá un mayor esfuerzo", aunque no ha detallado cómo se materializará esa exigencia ni a qué sectores afectaría.
Con respecto al debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Montero ha defendido que el presidente mostró "rigor" y "seriedad", mientras que su oponente se dedicó a "descalificar" porque "piensa que de cualquier crisis se puede sacar tajada".
Asimismo, ha afeado que el PP diga que el Gobierno copia sus propuestas, como la bajada del IVA al gas, pero luego vote en contra y que no entregara su documento de propuestas energéticas.
Preguntada sobre si a Feijóo lo han designado las grandes empresas, Montero se ha limitado a señalar que el PP "nunca ha votado en consonancia con los intereses de los trabajadores" y en contra de la patronal, lo que, a su juicio, implica que "responde a unos intereses muy concretos", que son los de quienes "se están aprovechando de esta crisis".
En materia energética, la ministra ha defendido el desarrollo de una nuevo gasoducto con Francia a pesar del rechazo de este país y la tibia respuesta de la Comisión Europea, ya que "está pensado para que se tenga menor dependencia del gas ruso", por lo que si Francia persiste en su negativa "habrá que pensar en un plan B".
