La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) decidió hoy enviar una carta a la Generalitat de Cataluña para preguntar sobre la presunta discriminación lingüística a los castellanohablantes, a raíz de una queja presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
"El Tribunal Supremo decretó en 2015 que un 25 % de las clases tienen que ser impartidas en castellano y me están diciendo que eso no se cumple, por lo que habrá que preguntar a las autoridades competentes", aseguró la presidenta de dicha comisión, Cecilia Wikström, en respuesta a la representante de la AEB, Ana Losada.
La presidenta desestimó "por ahora" la posibilidad de enviar a un equipo a examinar la situación en los colegios catalanes, porque entendió que "preguntar a las autoridades es el paso previo" a tomar esta medida.
La representante de la AEB se mostró "satisfecha" con esta decisión, ya que "por fin se escuchan estas reivindicaciones después de tantos años", según explicó en declaraciones a la prensa tras su intervención ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.
Además de esta petición presentada por la AEB, la asociación Impulso Ciudadano planteó también otra queja relativa a la eventual discriminación lingüística que sufren los castellanohablantes en el ámbito del consumo, por las multas que presuntamente se imponen a comerciantes que no rotulan en catalán.
"Esta petición se mantendrá abierta y esperamos recibir más adelante argumentos que justifiquen alguna otra acción", alegó Wikström, quien decidió no tomar ninguna medida en este sentido.
El representante de la Comisión Europea (CE) que acudió ante la Comisión de Peticiones, Antoniu Marc, señaló en ambos casos que el Ejecutivo comunitario "no tiene competencias en este sentido", por lo que la actuación frente a estas situaciones "le corresponde al Estado miembro".
"Las leyes sobre lenguaje, ya sean en el ámbito de la educación o el consumo, no entran dentro de la competencia de la CE, que tan solo puede apoyar la decisión que tome al respecto el Estado miembro", señaló Marc.
La representante de la AEB reivindicó la necesidad de que el sistema educativo catalán "respete que la sociedad es bilingüe y no imponga el catalán a los castellanohablantes, que son mayoría".
"Soy la voz de muchos padres y madres catalanes que queremos romper el miedo a denunciar la vulneración de derechos a la que se ven sometidos nuestros hijos", aseguró Losada, quien añadió que los niños de cero a seis años no reciben educación en castellano y que esta cifra sólo sube a tres horas semanales entre los 12 y los 16 años.
Por su parte, el eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya Josep-María Terricabras aseguró que "los niños catalanes obtienen puntuaciones en conocimiento del castellano por encima de la media española en el informe PISA".
Losada respondió que este hecho se debe a que los exámenes y los libros de texto en castellano en Cataluña son "ridículos" y exigió "que se permita a los padres decidir en qué idioma estudian sus hijos".
El representante de Impulso Ciudadano que acudió a la Comisión de Peticiones del PE, Carlos Silva, denunció la "persecución" a la que se ven sometidos "aquellos comerciantes que deciden rotular, por ejemplo, la mitad en español y la mitad en catalán".
"En Cataluña los derechos lingüísticos se miden con doble rasero y los inspectores de consumo se han convertido en los inspectores de unos pocos", denunció Silva.
La eurodiputada de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) Beatriz Becerra, quien acompañó a los peticionarios durante su comparecencia, señaló que esta intervención "no tiene nada que ver con el momento político actual", sino que llevan años denunciando una situación "provocada por cuatro décadas de gobiernos nacionalistas".
