La vuelta a las clases mañana está rodeada nuevamente de incertidumbre después de que la incidencia del coronavirus se haya disparado durante las fiestas navideñas. Solo en la provincia de Cádiz, la tasa entre los menores de 5 a 11 años se situó este viernes en los 1.350,8 positivos por cada 100.000 habitantes; en el conjunto de Andalucía, la cifra alcanzó los 1.561,3.
Sin embargo, el Gobierno autonómico, que no ha dudado en ningún momento en que el curso se retome en la fecha prevista y de manera presencial, no adoptará medidas extraordinarias para garantizar la seguridad e incluso renuncia a confinar aulas salvo si se contabilizan cinco alumnos infectados o un 20% del total de la clase, en cuyo caso, el resto de compañeros habrá de cumplir la cuarentena esté o no vacunado.
“Estoy convencido de que esta decisión no la ha tomado ningún técnico de la Consejería de Salud y Familias”, sostiene el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE), José Miguel Carrasco, que representa a 43.000 profesionales sanitarios. “Es una cuestión política”, añade para expresar su desacuerdo al respecto.
Carrasco explica que esta modificación de los protocolos se debe al “desbordamiento de la Atención Primaria”, por lo que reclama una mayor inversión en recursos humanos por parte de la Administración. Pero defiende que esta inversión en personal se destine expresamente a que haya profesionales de enfermería presentes en los centros. “La Junta ha abogado hasta ahora por la enfermera de referencia, pero que atiendan telefónicamente las consultas de equipos directivos, que asumen en última instancia la responsabilidad, no es suficiente”, remarca.
La figura de la enfermera escolar es clave para “promocionar y educar para la salud, creando hábitos de vida saludable, previniendo problemas de salud y accidentes, así como proporcionando una atención integral al alumnado y a la comunidad escolar, prestando asistencia en situaciones de urgencia”, agrega.
El CAE lanzó en septiembre la campaña #enfermeriaEscolarYa con, entre otras actuaciones, una recogida de firmas en la plataforma Change.org, para dar cumplimiento a la demanda histórica de este colectivo, apoyada por las principales asociaciones de docentes, padres y madres de alumnos, pacientes y otros colectivos sociales. Pero no ha prosperado.
No es la única petición de la comunidad educativa desoída por la Junta. Si bien el Gobierno autonómico insiste en que es preciso limitar el uso del ascensor y mantener ventiladas las aulas, rechaza la adquisición de purificadores de aire tal y como defiende la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (Feuso), que recientemente volvía a ofrecer a los colegios el Plan Ventilados, una herramienta para medir y valorar la calidad de la atmósfera creada en clase, consistente en tomar muestras de tiempos de ventilación y niveles de CO2 a lo largo de la jornada lectiva para optimizar el tiempo que los espacios permanezcan con ventanas y puertas abiertas, evitando contagios y preservando el confort térmico y la eficiencia energética.
La Administración tampoco ha tomado medidas para reducir el número de alumnos por clase, al que sin embargo obliga a mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros, a excepción de los grupos de convivencia.
El exparlamentario de Adelante Andalucía José Ignacio García, profesor de instituto, recuerda que su formación registró hace un año una proposición de ley para regular esta cifra, reduciéndola a una quincena de escolares en el caso de la Educación Infantil y Primaria, y a una veintena en Secundaria, donde hay grupos actualmente de hasta 38.
El pasado mes de diciembre, el partido de Teresa Rodríguez decidió retirarla para dar vía libre a la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular calcada e impulsada por la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (Ustea) y otras organizaciones sociales, educativas y sindicales.
García teme que corra, sin embargo, la misma suerte que la proposición de ley, ninguneada por la Mesa del Parlamento, que se ha negado sistemáticamente a su debate. “La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de tener ratios más bajas”, apunta. No obstante, subraya, no es solo una cuestión sanitaria. Esta medida facilitaría al profesorado atender de forma individual al alumnado, adaptarse a su proceso de aprendizaje y a su ritmo, crearía un mejor clima de convivencia, favorecería los intercambios de aprendizajes en el aula y mejoraría el rendimiento escolar. “Pero ni siquiera el Gobierno central ha tocado este asunto en la reforma de la ley educativa”, lamenta.
La Junta refuerza el sistema de sustitución de bajas del profesorado
Para garantizar la docencia y como medida de prevención, la Consejería de Educación y Deporte tiene previsto que el martes tenga lugar el primer llamamiento a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri), seguido de un segundo llamamiento el jueves. Asimismo, reforzará el sistema de cobertura de ausencias mediante llamada telefónica por parte de los servicios provinciales en aquellos casos en que sea preciso para garantizar el servicio educativo. Por otro lado, el lunes se adjudicaron las 400 nuevas plazas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, que se incorporarán a sus centros mañana.
