La Fundación Internacional de Derechos Humanos (IHRF), a través del proyecto Regia-FIDH, ha contabilizado en la provincia de Jaén desde enero de 2023 y hasta el 15 de junio de este año 86 casos de personas víctimas de discriminación por razón de su orientación sexual e identidad de género. Del total, 57 casos fueron los registrados en 2023 y este año, hasta el 15 de junio se llevan contabilizados otros 29.
Esta cifra se corresponde con el número de personas afectadas que han sido atendidas en la provincia de Jaén ya sea de manera presencial, telemática o telefónica. Sin embargo, solo se ha procedido a la interposición de denuncia en cinco ocasiones.
Así pues, de acuerdo con estos datos que arroja este proyecto que es específico para la provincia de Jaén, existe un porcentaje de infradenuncia del 94,19% que se corresponde con casos que finalmente no son denunciados ante las autoridades u organismos competentes.
De estos 86 casos, ocho (9,30%) se corresponden con agresiones físicas. El mayor porcentaje (27,91%) se corresponde con acoso escolar (24 casos) y 20 casos de agresiones verbales (23,26%). En los casos de acoso escolares, 21 de los 24 casos son menores de edad.
Las víctimas, en un 66,28 por ciento corresponde a hombres y un 22,09% a mujeres. El resto se reparte entre mujeres trans (6,98%) y chicos trans (4,65%).
En lo que respecta al ámbito geográfico, se han registrado caso en unos 40 de los 97 municipios de la provincia de Jaén. De los 86 casos contabilizados, 33 se han producido en la capital y el resto, en municipios de la provincia de Jaén.
Desde la Fundación se ha elaborado un dossier con todos los casos que se ha remitid a la Diputación Provincial de Jaén, así como a los municipios en donde han prestado asistencia a alguna persona víctima de discriminación por razón de su orientación sexual e identidad de género.
El representante en España de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, Luis Francisco Sánchez, en declaraciones a Europa Press, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y al conjunto de administraciones para "prevenir, para detener, para erradicar de una vez cualquier clase de discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género".
Al margen de estos los casos que han llegado a la Fundación, se sabe que son más. De hecho, las estadísticas señalan que, con carácter general, "en cada pueblo, en cada localidad que sea superior a mil habitantes, hay, al menos, alguna situación que puede estar relacionada" con la Legtfbifobia.
De hecho, hay una regla no escrita que apunta a que "por cada caso visible, hay al menos diez que no son visibles". A ello hay que sumarle que "una persona denuncia o pone en conocimiento su situación, a su entorno o a las fuerzas de seguridad o en su trabajo, cuando ya lo lleva sufriendo durante un periodo muy largo de tiempo".
Esto es muy significativo en los casos de acoso o ciberacoso en los centros educativos por revelación de la orientación sexual y la identidad de género. "Nos hemos dado cuenta que cuando un chico o una chica que pertenece al colectivo pone en conocimiento su situación a su familia o al centro o al profesorado, e incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, han pasado como mínimo alrededor de dos cursos académicos", ha señalado Sánchez, que ha incidido en que "las víctimas solo denuncian cuando ya no pueden más".
Esto responde normalmente, según Sánchez, a falta de apoyo del propio entorno, un inadecuado asesoramiento jurídico, miedo a las represalias, miedo incluso a reconocerse como parte del colectivo, "sobre todo cuando está en un entorno social donde no es favorable".
Desde la Fundación se pone el acento en que estos 86 casos no responden a "una radiografía perfecta de la provincia", sino que es solamente lo que a ellos les ha llegado. "Luego estarán aquellas otras situaciones que no se ven o que la gente sabe, pero que no llegan a poner denuncia, o que más o menos el entorno puede conocer", ha concluido Sánchez.
