El Chiringuito Casa Diego Canaleta ha salido al paso del polémico auto judicial que ha provocado se clausura y ha puesto sobre la lupa a todos los chiringuitos de Punta Umbría. La propiedad del establecimiento ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que defiende su legalidad y asegura que tiene concesión.
“Frente a las informaciones publicadas, se quiere dejar constancia de que la actividad del establecimiento Chiringuito Casa Diego Canaleta no es en absoluto una actividad clandestina, sino que se trata de un actividad para la que se otorgó por el Ayuntamiento de Punta Umbría concesión para la explotación del establecimiento en 2016 por un periodo de vigencia de diez años, prorrogable a cinco más”, afirma la propiedad en el comunicado difundido.
Y es que en el auto del juzgado de Instrucción 4 de Huelva se asegura que el chiringuito de La Canaleta no tiene concesión ni licencia y que desde el Ayuntamiento habrían hecho la vista gorda. Una situación por la que se sentarán en el banquillo, en calidad de investigados, el propietario de Casa Diego (por un presunto delito contra el medio ambiente, por el constante ruido que motivó las denuncias vecinales) y el actual primer edil y la exalcaldesa de Punta Umbría, por un posible delito de prevaricación administrativa.
Pero desde el establecimiento niegan tal ilegalidad y su comunicado explican que “la concesión se otorgó previa tramitación del correspondiente procedimiento de contratación 2016/0049, por Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Punta Umbría de 7 de noviembre de 2016 para la explotación del establecimiento de hostelería en la zona marítimo terrestre (lote 2) por un canon anual de 7.800 euros”.
Asimismo, “se dictó resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva (expediente nº CNC02/14/HU70010), por la que la Junta de Andalucía acuerda igualmente adjudicar la concesión al proyecto presentado para el chiringuito”.
Desde entonces, afirma la propiedad, “la actividad se ha venido desarrollando con normalidad y se ha venido abonando anualmente el canon concesional, incluso en 2020 la propia Junta de Andalucía concedió un autorización para la retirada de arena a fin de hacer viable la actividad del establecimiento”.
