Así lo acordó ayer en un auto el magistrado de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía y en el marco de la investigación sobre la “trama jurídica-financiera” que rodeó el secuestro de los 16 marineros españoles que permanecieron retenidos durante 47 días en aguas del Océano Índico, según han informado fuentes jurídicas.
En el auto Pedraz solicita al CNI la información relativa a la “la identidad de personas, empresas, grupos o bufetes nacionales o internacionales vinculados con los secuestradores como intermediarios o destinatarios finales del rescate pagando o colaborando con estructuras u organizaciones dedicadas a la piratería”.
De esta forma, el juez, que el pasado 19 de noviembre abrió esta pieza separada sobre el posible pago de rescate, atiende la petición del fiscal Jesús Alonso que solicitó al magistrado que requiriera a los servicios secretos españoles la información sobre la identidad de quienes participaron como pagadores o intermediarios.
La decisión del magistrado se produce después de que el pasado día 9 la Audiencia Nacional le ordenara también reabrir la causa principal sobre el secuestro, en la que están procesados los somalíes Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, a instancias de cuatro de los 16 marineros secuestrados que, tras personarse en el caso, pidieron la práctica de nuevas diligencias.
Entre esas nuevas pruebas solicitadas por los marineros se incluía un examen forense a los tripulantes del atunero para determinar si sufren algún tipo de secuela física o psicológica como consecuencia del secuestro, lo que les permitiría reclamar posibles indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos.
Pedraz accedió a esta petición de los marineros y ordenó que un forense les realice un examen médico, aunque no citó a los marineros para volver a tomarles declaración, como ellos habían pedido, ya que entiende que con las comparecencias que practicó el pasado noviembre en Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) es suficiente.
Los tripulantes también solicitaron al juez que requiriera un informe policial sobre la pertenencia de los dos supuestos piratas procesados a un grupo de carácter terrorista, ya que de confirmarse este extremo cobrarían las indemnizaciones según lo establecido en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
