El tuit de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en el que adelantaba que su departamento incluirá la “violencia obstétrica” en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha desatado la polémica en el ámbito político y el rechazo de los profesionales sanitarios. Adelante Andalucía, sin embargo, ya introdujo el debate en la agenda parlamentaria en marzo de 2020. La ahora diputada no adscrita María Gracia González preguntó al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, sobre las medidas que preveía adoptar el Gobierno de Juanma Moreno “para erradicar este tipo de violencia de género en Andalucía”. En el Pleno de esta semana, volverá a interrogar al responsable del Gobierno regional.
“El parto se ha convertido en un hecho patologizado, institucionalizado y despersonalizado en el cual la mujer pierde la autonomía sobre su cuerpo como consecuencia del modelo patriarcal, del modelo hegemónico representado en un mayor interés más en la producción, en la disminución de los costos de atención y en una medicina basada en no cuidar los pilares básicos, como es el diálogo sobre los pacientes sobre sus procesos de atención”, aseguró en su intervención. “La situación no ha cambiado nada pese a que Aguirre se comprometió a mejorar la atención perinatal en el I Plan de Humanización de la Consejería”, lamenta. “La violencia obstétrica está normalizada y, como el suicidio, es tabú”, advierte en conversación telefónica.
Carmen Flores, máxima responsable de la Asociación El Defensor del Paciente, cuestiona si el término, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el más adecuado, pero considera que “describe una realidad” que hay que cambiar. “Recibimos una gran cantidad de denuncias”, apunta, y concreta que ginecología y obstetricia es el quinto servicio o especialidad con mayor número de reclamaciones en Andalucía, de acuerdo a la memoria 2020 de la entidad, solo por detrás de las listas de espera, las urgencias, la cirugía en general y la traumatología. En la web de la organización, entre las últimas sentencias, se encuentra una en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena al SAS por la muerte de un recién nacido que se asfixió tras no ser controlado el parto en el Hospital Virgen de Rocío, en Sevilla.
Jorge Fernández, vicepresidente primero del Consejo Andaluz de Colegios Médicos (CACM), presidente del Colegio de Médicos de Granada y ginecólogo, admite que, en efecto, “entre los muchísimos partos que hay en España, unos 340.000 al año, y en Andalucía, 65.000, se dan situaciones en las cuales, a lo peor, no se actúa correctamente o incluso la percepción de la mujer no es la adecuada”, pero, “aunque hay que mejorar” el servicio, “según la última encuestas de satisfacción sobre la atención, el 91% de las encuestadas estaban satisfechas”.
“La ginecología y la obstetricia ha cambiado mucho en los últimos 30 años”, afirma con conocimiento de causa después de tres décadas de actividad profesional. Si la dilatación progresa adecuadamente, no se lleva a cabo la amniorrexis artificial (rotura de la bolsa), tampoco se administra oxitocina de manera rutinaria y se evita la episiotomía (incisión quirúrgica en la zona del perineo para abreviar el parto). Además, la administración, “que debe implicarse”, moderniza las instalaciones. Fernández pone de ejemplo los paritorios del hospital Virgen de las Nieves, de Granada, inaugurados en mayo, preparados para que dilatación, nacimiento y recuperación de la madre se realicen en la misma sala, y que cuenta, asimismo, con baño, ducha y mobiliario adaptado para que “los profesionales puedan desarrollar su labor con comodidad, seguridad, eficiencia y calidad asistencial”.
“No hay violencia obstétrica en Andalucía”, en cualquier caso, concluye. “El concepto hace referencia a prácticas como el maltrato físico y/o verbal, la esterilización o el aborto forzosos o la retención de mujeres y recién nacidos en hospitales por su incapacidad de pago”, que lamentablemente se registran en otros países, pero no se dan en España. “Solo Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia lo incluyen en sus códigos penales”. En cuanto a señalar el número de cesáreas como indicador de este tipo de maltrato, el portavoz del CACM aclara que existe una confusión histórica sobre las tasas recomendables por un estudio de la OMS que consideraba que el índice no debía superar entre el 10 y el 15%. Sin embargo, la propia organización territorial ha aclarado que “debe hacerse todo lo posible para realizar cesáreas a todas las mujeres que lo necesiten en lugar de intentar alcanzar una tasa determinada”. En Andalucía, el porcentaje se sitúa en torno al 25%; mientras que Alemania alcanza el 30% y Venezuela supera el 50%.
Incluir la violencia obstétrica como un tipo de violencia de género preocupa al CACM, reconoce, porque el término, “falaz, engañoso y torticero”, impedirá que en el futuro las aseguradoras respalden la responsabilidad civil y, con efecto inmediato, daña la confianza de las mujeres en los profesionales. “Ya tenemos casos en los que dudan de los diagnósticos”, lamenta, por lo que reclama a los políticos que se dejen asesorar por las sociedades científicas y por los colegios médicos para mejorar la asistencia al embarazo y al parto.
