La actuación de la Policía Nacional para reprimir los disturbios de la huelga del metal en 2021 fueron cuestionados porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decidió utilizar una tanqueta para dispersar a los manifestantes en la barriada del Río San Pedro en Puerto Real. En las recientes movilizaciones por el nuevo convenio, la gestión del cuerpo y de la subdelegada del Gobierno en Cádiz también ha sido censurada por CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), que pone el acento en que el número de detenidos ahora es cuatro veces mayor, 24 personas, que hace cuatro años, con 6 errestos.
La CTM ha reunido 85.000 euros para evitar la prisión a cuatro de estos “compañeros del metal”, a los que se les imputan numerosos delitos, desde agresión a un agente a quema de contenedores y daños en el mobiliario urbano, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. El viernes, trataba de sumar otros 15.000 euros para la fianza de otro detenido y ponía en circulación, por un lado, que el Ayuntamiento se había personado contra los encausados (negado rotundamente por el alcalde, Bruno García, en rueda de prensa), y, por otro, que “a los obreros y pobres se les reprime, mientras que a los fascistas y ricos se les protege”.
Este último argumento había comenzado a circular previamente. Javier Aroca, expolítico del Partido Andalucista, y participante habitual de tertulias en radio y televisión, aseguró en el programa Malas Lenguas, de TVE, que “me duele el alma democrática ver cómo han apaleado a los trabajadores del metal y hay situaciones de destruir el orden público por el fascismo y parece que ni nos enteramos”, en referencia a los enfrentamientos en Torre Pacheco, Murica, entre personas migrantes y grupos ultras.
Las situaciones no son comparables, apuntan fuentes policiales. En Torre Pacheco, la Policía Nacional no tiene competencias, sino que la seguridad corresponde a la Guardia Civil y la Policía Local. En cualquier caso, tanto agentes de la Benemérita como agentes municipales se han desplegado y han practicado detenciones en dicha localidad.
Respecto a Cádiz, las mismas fuentes indican que lo que se ha hecho “es garantizar los derechos de los empleados a a acceder a sus puestos de trabajo y a manifestarse pero de forma pacífica. Sin embargo, la cosa se tornó violenta desde el primer día”. Por lo tanto, el cuerpo no solo previene delitos, también “reprime” delitos, es decir, “esclarece los hechos delictivos y detiene a sus autores para ponerlos a disposición judicial con todas las garantías procesales y jurídicas hasta la celebración del juicio donde se determinará si los hechos son probados y condenados en sentencia”. La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, insistió en esta línea. “A todos los detenidos se les identificó e informó antes”, declaró en una entrevista este lunes a VIVA CÁDIZ. Y remachó: “El sector del metal debe saber que no todo vale”.
