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Provincia de Cádiz

Guía para proteger derechos de los afectados por el virus

El Defensor del Paciente ofrece consejos para la reclamación por daños y perjuicios en la salud derivados del Covid-19, pero alerta de los oportunistas

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  • El Defensor del Paciente está recibiendo consultas y denuncias de toda España por la pandemia. -

Dolores Moncada, hija de Mateo, uno de los internos de la residencia de mayores de Alcalá del Valle fallecidos por coronavirus, cree que su padre fue víctima de un presunto delito de omisión del deber de socorro y de denegación de asistencia sanitaria.

La pesadilla que ha vivido su familia desde el pasado día 13 de marzo, relatada en las páginas de Viva Cádiz por Younes Nachet, no ha concluido: “Tengo muchas preguntas sin respuesta”, declaró Dolores, quien, desde ese día y hasta el fallecimiento, el sábado 21, no recibió ni una llamada desde el centro y tuvo serías dificultades para obtener alguna información del Hospital de Villmartín.

Residente en Francia, pudo hablar finalmente “con una mujer que me dijo que le estaban haciendo pruebas, que el médico me llamaría cuando tuviesen los resultados”. Horas después, sonó su teléfono pero solo para un facultativo le comunicara que su padre había muerto. Inmediatamente se subió al coche y condujo 16 con una única idea: “Espero que se haga justicia y que asuman responsabilidad si las hubiera, porque son vidas humanas las que se han perdido”.

El caso de Dolores no es excepcional lamentablemente. Lo confirma desde Madrid Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente. “Estamos recibiendo denuncias de toda España”, asegura, y lamenta que “todo ha salido mal”.

Se remite al comunicado que envió a los medios el pasado 6 de abril. Insiste: “Hemos regateado en el que antes era nuestro principal y más destacado servicio, el sanitario, y para colmo la mala gestión de nuestras autoridades, tras el primer ataque a China y luego a Italia, también ha contribuido de forma eficaz al fatal desenlace”. La tormenta perfecta.

“Habrá que investigar quién ha decidido que lleguemos a esta situación”, agrega, pero también advierte de que pueden aparecer oportunistas cuya intención sea aprovechar el momento de debilidad y hacer reclamar a quienes han sufrido una pérdida a pesar de no tener opciones de vencer el pleito. “Hay que analizar caso a caso”, subraya. Y ofrece la guía elaborada por la asociación con los principales motivos de reclamación para prestar ayuda ante el escenario de inseguridad y dolor que vivimos.

En primer lugar, se remite a los casos en los que se ha producido abandono en residencias. El responsable, apunta, será quien no socorra al desamparado ni avise inmediatamente a terceras personas para que lo hagan. En segundo lugar, se refiere a los pacientes que no son correctamente atendidos. En este punto se dirige especialmente a los pacientes aquejados de dolencias o patologías distintas al coronavirus, como pacientes oncológicos, neurológicos o cardiológicos. “En muchos casos se podrían haber seguido tratando pero no ha sido así por el colapso”, explica.

Por otra parte, considera que tendrán amparo judicial todos aquellos afectados por la muerte de un paciente que falleció esperando un respirador, por no haber ingresado en UCI por error en su clasificación dentro del protocolo o por una lista de espera mal gestionada, así como aquellos que hayan sufrido falta de información sobre el diagnóstico, tratamiento, riesgos, alternativas y pronóstico de la enfermedad. Y, por supuesto, si las empresas funerarias cometen errores de identificación de fallecidos, retrasos indebidos y abusos en el cobro de los servicios prestados.

En materia laboral, apunta como causa de denuncia la ausencia de medidas de protección de los trabajadores, especialmente en el caso de empleados, funcionarios y militares con exposición de riesgo al virus por infracción de medidas de seguridad y prevención. Pero también en caso de denegación de la baja laboral a pacientes con factores de riesgo perjudicados por dicha denegación o en el caso de reclamaciones para el reconocimiento como accidente de trabajo de la enfermedad contraída como consecuencia de la prestación laboral con exposición al coronavirus.

Finalmente, Flores asegura que se puede pedir responsabilidades penales por la falta de iniciativa del Ministerio de Sanidad y las consejerías de las respectivas comunidades autónomas a pesar de tener con antelación suficiente ejemplos de otros países. Además, añade, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la necesidad urgente de comprar material de protección y medicamentos mucho antes de que se desbordara la situación.

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