El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, empresa que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros, ha solicitado este martes su libre absolución al entender que las actuaciones "están huérfanas" de prueba y ha asegurado estar "en la más absoluta ruina".
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juicio, que comenzó el 19 de noviembre en la Sección Séptima de la Audiencia y que se ha prolongado durante una decena de sesiones, ha quedado visto para sentencia después de que los abogados de las acusaciones particulares y los letrados de Salas y de su exmujer, María del Carmen Bautista, hayan presentado sus conclusiones finales.
En el día de ayer, la Fiscalía modificó sus conclusiones provisionales y rebajó de 13 a 6 años de cárcel su petición de condena para el dueño de la inmobiliaria Contsa, mientras que en el caso de su exmujer rebajó su solicitud de condena de seis años a un solo año de prisión.
El abogado de José Salas, Tulio García O'Neill, ha solicitado la libre absolución de su patrocinado y, de manera subsidiaria, que se estime la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, recordando que tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional "tienen dicho que en Derecho Penal la única prueba válida es la practicada" en el juicio.
Esto último "es esencial para estas actuaciones", ha precisado el abogado, que ha señalado que tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han pedido para Salas "importantes" penas de cárcel y también una "importante" condena económica, añadiendo que "para mantener dichas desorbitadas penas, se basan" en los documentos obrantes en las actuaciones y en los testimonios practicados en el juicio.
"NO HAY PRUEBA"
Frente a ello, el abogado ha aseverado que las actuaciones "están huérfanas" de prueba, ya que él mismo impugnó la mayoría de los documentos obrantes en las actuaciones y, además, el informe de la administración concursal de Contsa en el que el fiscal "basa" su petición de condena "es un informe elaborado por y para el procedimiento concursal" seguido en el Juzgado de lo Mercantil y está elaborado "en base a las normas del Derecho Civil o Concursal, no en base a normas del Derecho Penal".
Por ello, dicho informe "no tiene valor como prueba de cargo para condenar" a José Salas, ha dicho el letrado, quien ha puesto de manifiesto que se trata de un informe "en el que no están los documentos que dicen que han servido para su elaboración", pues "no están los supuestos 1.000 contratos de los supuestos 1.000 acreedores surgidos a lo largo de las actuaciones concursales".
"No hay prueba, la que hay ha sido impugnada y es inválida e insuficiente para condenar" a José Salas, ha defendido el abogado, que ha concluido que "no hay delitos" y tampoco pruebas de estos, por lo que ha reclamado su libre absolución de los delitos de apropiación indebida, societario, concurso de falsedad con estafa e insolvencia punible que le atribuyen las acusaciones.
VISTO PARA SENTENCIA
El abogado de la exmujer de José Salas también ha solicitado su libre absolución, tras lo que ninguno de los dos acusados ha querido hacer uso de su derecho constitucional a la última palabra, quedando el juicio visto para sentencia.
En su declaración en el juicio, que estuvo plagada de evasivas como "no lo sé", "que yo supiera no" o "no lo recuerdo" y en la que trató de desviar la responsabilidad hacia el departamento de Contabilidad de la empresa, formado por seis personas más un asesor fiscal externo, Salas indicó que, cuando Contsa presentó concurso de acreedores en febrero de 2008, sólo tenía 600 acreedores, y no los 1.658 que fueron declarados por el Juzgado de lo Mercantil.
El imputado, que al igual que su exmujer se declaró inocente de los hechos que se le imputan, explicó que Contsa tenía como objeto social el sector inmobiliario "en todas sus vertientes", como son las subastas tanto judiciales como notariales o la compraventa de bienes inmuebles, señalando que la "gran mayoría" de su financiación partía de inversores particulares que suscribían unos denominados "préstamos participativos".
"El cliente era como un socio nuestro y participaba en la gestión de la empresa, como si fuera un fondo de inversión", describió José Salas, que incidió en que toda la documentación relativa a los contratos y sus posteriores prórrogas la llevaba el departamento de Contabilidad. "No tengo ni idea de cómo se hacía la contabilidad de los inversores, no soy experto y para eso tenía a seis personas en el departamento de Contabilidad", apostilló.
El dueño de Contsa llegó a afirmar: "no tengo que dar órdenes de nada al departamento de Contabilidad, ya sabía lo que tenía que hacer", todo ello durante un interrogatorio en el que aseguró que "no sabía lo que era en su momento un concurso de acreedores", punto en el que insistió en que fue el departamento referido el que se encargó de toda la información y documentación necesaria para el concurso presentado finalmente en febrero de 2008.
José Salas dijo no estar de acuerdo con el pasivo de 118 millones de euros que fijó el Juzgado de lo Mercantil.
CONDENA PREVIA
La juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE fraudulentos o las irregularidades en los cursos de formación, ha sido designada como magistrada ponente de esta causa.
En octubre de 2014, la juez de lo Penal número 10 de Sevilla ya condenó a José Salas a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda, mientras que absolvió a su exmujer.
